DECLARACIÓN PÚBLICA
CONSEJO NACIONAL COLEGIO DE PERIODISTAS DE CHILE

 

     Es innegable que hoy atravesamos un momento histórico y fundamental para el futuro de nuestra sociedad, que culmina el próximo cuatro de septiembre con el plebiscito que decidirá sobre la nueva Constitución.

En ese marco, coincidimos plenamente con la preocupación que expresó el Tribunal de Ética el 29 de julio pasado, donde señala que “nos preocupan las distorsiones, interpretaciones y la ocultación de información que impide o anula el libre acceso al conocimiento de la propuesta de Nueva Constitución. En especial, las denominadas fake news (informaciones falsas) y la vulgarización de su texto, recurrente en las redes sociales. Todo ello ensucia la sana decisión republicana más gravitante de las últimas décadas en nuestra vida institucional”.

También concordamos con el llamado de nuestro Tribunal  a quienes realizan periodismo y comunicación social “a informar aportando al conocimiento del texto en debate, evitando su distorsión y haciendo las preguntas pertinentes a entrevistados y entrevistadas que incurran en errores que desinformen, falseen o insistan de manera contumaz en la repetición de noticias falsas”. De la misma manera, reafirmamos nuestro compromiso con un periodismo ético, plural y veraz.

La ética proporciona un marco de trabajo para dirigir las funciones esenciales de las y los periodistas, establecer políticas y desarrollar estrategias para velar por el correcto desempeño profesional. 

En ese sentido vale señalar que el Tribunal de Ética, como instancia regulatoria del ejercicio profesional de los colegiados y colegiadas, es autónomo e independiente, tanto en sus fallos como en sus resoluciones, las que obedecen siempre a la adecuada investigación de una denuncia presentada de forma responsable, a través de los canales formales de los que dispone nuestra orden profesional.

En esta línea, cualquier falta ética de un periodista colegiado o colegiada debe verificarse a través de un procedimiento reglamentado, donde se exponen los hechos, se entrega la oportunidad de una legítima defensa, se delibera, y finalmente se sanciona ponderando todos los antecedentes.

Nuestro deber es defender el libre correcto ejercicio profesional y velar por el pleno respeto del derecho a la libertad de expresión, prensa e información, elementos que buscamos garantizar a través del reconocimiento del Derecho a la Comunicación.