Rocío Alorda, vicepresidenta del Colegio de Periodistas y el avance del derecho a la comunicación en la nueva Constitución : “Hay que ponernos en sintonía con los avances que hay en América Latina”
Por Ariadna Rodríguez Paniagua
Cada vez queda menos para conocer el borrador de la nueva
Constitución y uno de los aspectos que se han votado, e introducirían
una nueva arista a los derechos fundamentales, son las normas relativas
al rol de los medios de comunicación y al derecho a la comunicación.
La primera vicepresidenta del Colegio de Periodistas e integrante de la Red de Periodistas Feministas, Rocío Alorda, valora la aprobación de las normas en derechos fundamentales vinculadas a la comunicación social en el borrador de la nueva Constitución. “Nos obliga a pensar en las comunicaciones como un derecho humano y por eso esperamos también que haya todavía más interés por parte de la sociedad para que se impulse”.
El primer artículo aprobado durante la jornada del 17 de marzo establece el derecho a la comunicación social y expresa que “toda persona, individual o colectivamente, tiene derecho a producir información y a participar equitativamente en la comunicación social. Se reconoce el derecho a fundar y mantener medios de comunicación e información”.
También alcanzó el quórum de los dos tercios el Artículo 2º relativo a la libertad de prensa y pluralismo: “El Estado debe respetar la libertad de prensa, promover el pluralismo de los medios de comunicación y la diversidad de información. Se prohíbe la censura previa”.
De la misma manera, pasó al borrador el Artículo 3º respecto a la concentración de la propiedad de medios que señala: “El Estado impedirá la concentración de la propiedad de los medios de comunicación e información. En ningún caso se podrá establecer el monopolio estatal sobre ellos. Corresponderá a la ley el resguardo de este precepto”. Y el Artículo 4º sobre promoción de medios de comunicación e información que dice que, “el Estado fomentará la creación de medios de comunicación e información y su desarrollo a nivel regional, local y comunitario.
El Colegio de Periodistas manifestó a través de un comunicado que desde la vuelta a la democracia, “se ha demandado democratizar las comunicaciones mediante una nueva Constitución que dé garantías de pluralismo, libertad de prensa y ejercicio de la comunicación desde un enfoque territorial”. En ese sentido, “la votación de la fuimos testigos da cuenta de ese cambio que demandamos y que consideramos un triunfo de la unión de nuestro sector”.
“La ciudadanía como sujeto de derecho de comunicación”
En línea con el gremio, Rocío Alorda dijo que “pensar en las comunicaciones como un derecho garante implica muchas transformaciones. Por ejemplo, tiene que haber un sistema de medios públicos y la posibilidad de que la ciudadanía genere sus propios medios de comunicación. Entonces significa analizar el sistema de los medios como nunca ha ocurrido en este país. Es una gran posibilidad para que la ciudadanía sea sujeto del derecho a la comunicación, porque en el fondo hoy día vemos en los medios discursos muy homogéneos”.
La periodista plantea que las normas que están en el borrador suponen – por ejemplo – que los pueblos originarios y los territorios rurales de las diversas regiones, tengan sus propios medios de comunicación. “Esto posibilita que la comunicación se piense no solamente desde el centralismo de Santiago, sino también de la realidad de las regiones”.
Detalla que los articulados aprobados fueron trabajados y entregados a la Convención Constitucional por un conjunto de organizaciones el Observatorio del Derecho a la Comunicación, la Red de Periodistas Feministas, sindicatos, el Colegio de Periodistas y otras plataformas de trabajo colaborativo.
Rocío Alorda también se refiere a cómo se espera incluir una perspectiva de género a través de estas normas: “El articulado del pluralismo informativo tiene que ver con eso, con cómo los medios de comunicación representan de manera más equilibrada la diversidad que habita en Chile y eso implica una lectura de género. Viene una labor grande por generar leyes que incluyan la perspectiva de género en el ámbito de la comunicación”.
El pendiente: educación mediática
Uno de los artículos rechazados y que volverá a votarse en el pleno para una segunda revisión, es la propuesta del Artículo 6º sobre educación mediática que establece que “toda persona tiene derecho a acceder a la educación mediática con enfoque de género y derechos humanos”.
Ante este revés, Alorda opina que el rechazo de este articulado se debe a que las y los convencionales no comprendieron bien a qué hace referencia la educación mediática. “Cuando desde el Colegio de Periodista y la Red de Periodistas Feministas entregamos esta propuesta, proponíamos que el Estado garantizara políticas públicas o programas para que la ciudadanía pudiera tener herramientas que les permitan entender el funcionamiento de los medios de comunicación y así generar una capacidad de pensamiento crítico sobre estos”.
Agrega que “una de las principales formas para erradicar la desinformación es a través de una ciudadanía que logre identificar el impacto que tiene reproducir información que es falsa o dar información cuya fuente no es verídica. Pero lamentablemente este derecho no avanzó en la Convención”.
Aun así, la dirigenta afirma que se está trabajando para que esta normativa se haga realidad a través de una ley. “Tenemos la intención de trabajar para que eso se impulse como proyecto de ley. Creemos que es importante que Chile tenga educación mediática en los establecimientos educacionales, en las escuelas de periodismo y otras instituciones”.
Cómo es la situación en América Latina
Para poder traducir el derecho a la comunicación y los demás artículos en la práctica, Rocío Alorda dice que se tiene que trabajar en diversas leyes y políticas públicas. Para esto, han observado tanto lo que se ha hecho en Latinoamérica como en el resto del mundo.
En las constituciones de Ecuador y Bolivia está instalado el derecho a la comunicación como un derecho humano, por lo tanto el Estado tiene que garantizar que la ciudadanía pueda participar de las comunicaciones. En este sentido, Alorda recalca que desde esos reguardados constitucionales, «otro fenómeno que empieza a ocurrir, es que en muchos países la tendencia es a generar leyes que van en este sentido”. En Argentina y Uruguay existen Servicios de Comunicación Audiovisual reconocidos por ley. En el caso específico de Argentina, existe además la Defensoría del Público que tiene la misión de promover, difundir y defender el derecho a la comunicación democrática de las audiencias de los medios de comunicación audiovisual.
“Desde el Colegio de Periodistas evidentemente nos importa la experiencia de Latinoamérica como un referente, pero cuando pensamos en un sistema de comunicación que contemple el ámbito público, privado y comunitario, nos interesa el sistema de medios públicos de Europa que son de gran sustentabilidad”, plantea Rocío Alorda.
“Chile está bien atrasado en esta materia. A partir del 2000 hubo muchos países que avanzaron en términos de políticas de comunicación, pero no fue el caso de nuestro país y eso es consecuencia de que no fueron ámbitos relevantes para los gobiernos de la Concertación. Por lo tanto, debemos ponernos en sintonía con lo que ha sido el avance en materia de comunicación en los distintos países de América Latina”, explica Alorda.
Por lo mismo, la periodista plantea la importancia de que exista una institucionalidad “que se preocupe de los medios de comunicación. En Chile, solamente existe el Consejo Nacional de Televisión que se hace cargo exclusivamente del ámbito televisivo. Queda todo un camino todavía por recorrer, esto está recién empezando”.
Proyecto de ley para proteger a periodistas y comunicadores
El martes 3 de mayo, en la Conferencia Global de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) que se realizó en Uruguay por el Día Mundial de la Libertad de Prensa, la diputada Nathalie Castillo, periodista y ex presidenta del Colegio de Periodistas, anunció la presentación ante el Congreso de un proyecto de ley que promueva la seguridad de las y los periodistas, y de las personas que trabajan en comunicaciones. Esta iniciativa se basa en una ley modelo de protección a la prensa propuesto por la Unesco.
Una propuesta similar se contempló para el Artículo 7º de derechos fundamentales: protección de fuentes y comunicadores, estableciendo que “el Estado garantiza la protección y seguridad de las fuentes de información, los periodistas y de quienes ejercen la labor de comunicar”. Sin embargo, fue rechazada por 39 votos en contra y volvió a la comisión.
“Lo que estamos haciendo ahora es equiparar a Chile con los avances que ya existen en América Latina, y que esto sean garantías constitucionales, es el primer paso para generar luego políticas públicas y leyes”, concluye Rocío Alorda.
