Con fecha 23 de marzo de 2022, se realizó la audiencia del caso de detención ilegal y tortura contra las periodistas Estefani Carrasco y Patricia Torres, donde se determinaría un juicio abreviado o preparación de juicio oral contra la ex funcionaria de Carabineros Francisca Benavides.
Al respecto declaramos lo siguiente:
Los hechos ocurrieron en contexto del estallido social el 23 de octubre de 2019, cuando las periodistas ya mencionadas, junto al periodista Alfredo Sanhueza, regresaban al domicilio de Estefani Carrasco, después de trabajar y participar de las manifestaciones en la rotonda Tucapel, portando sus credenciales del Colegio de Periodistas y como trabajadores del diario La Estrella de Arica. Previamente el Colegio de periodistas de Arica y Parinacota, había acordado con Carabineros la posibilidad de transitar durante toque de queda sin salvoconducto, pero con credenciales del trabajo o de la asociación gremial.
Una vez en la Tercera Comisaría de Carabineros de Arica, los tres periodistas fueron víctima de tortura, al ser obligados a desnudarse, uno por uno en el baño del lugar, para que policías se cercioraran de que “no tuvieran objetos cortopunzantes”.
Ante los sucesos, el Colegio de Periodistas regional tomó conocimiento de la detención y se comunicó con Carabineros para liberar a los periodistas que estuvieron en la comisaria alrededor de una hora.
En estos dos años y medio, el Ministerio Público sólo ha investigado los hechos de desnudamiento, calificándolos como apremios ilegítimos y abusos contra particulares, cuando la querella realizada por los periodistas a través del INDH fue por tortura.
En este sentido, apoyamos la solicitud de nuestras colegas periodistas que se califique jurídicamente la denuncia como tortura, dado el contexto social y político que vivió Chile, registrándose más de 60 querellas por agresiones contra la prensa (periodistas, comunicadores sociales, fotógrafos, audiovisuales), siendo una violación a los derechos humanos, y en específico, un atentado contra la libertad de expresión.
Al contexto social, se suman los efectos psicológicos y emocionales que sufrieron las periodistas por los actos vejatorios contra su dignidad e integridad personal, cuyo peritaje por el Servicio Médico Legal se realizó un año después de los hechos a través de la aplicación del Protocolo de Estambul.
También hacemos un llamado al Ministerio Público a investigar la detención ilegal de los tres periodistas, pues de acuerdo a la normativa chilena, en el caso de transitar en horario de toque de queda en Estado de excepción constitucional, no procede la detención y traslado a una comisaría, sino que una multa por dicha falta.
Finalmente, como Consejo Regional Arica y Parinacota del Colegio de Periodistas de Chile, junto con reiterar nuestro apoyo con las profesionales de la prensa que, a más de dos años de ser víctimas de torturas por agentes del Estado, exigimos justicia y reparación.
Consejo Regional Arica y Parinacota
Colegio de Periodistas de Chile
