- Los
últimos sucesos que han involucrado a periodistas y medios de comunicación de
diversas áreas encendieron las alertas en el país. Desde el Colegio de
Periodistas llamaron a los diferentes sectores políticos, y a la sociedad civil a unirse, denunciar
y defender la democracia y la libertad de expresión.
Abril, 2021.- Luego de la
confirmación que la estación televisiva La Red recurrirá a la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos (CINDH) de la OEA para entregar antecedentes sobre el
llamado telefónico recibido desde La Moneda por la entrevista realizada al ex
integrante del FPMR, Mauricio Hernández Norambuena; se evidenció una molestia
generalizada en la sociedad chilena respecto a las prácticas recurrentes que
existen entre quienes conducen el gobierno y algunos medios de comunicación. De
hecho, semanas posteriores al estallido social en Chile, el pasado 18 de
octubre de 2019, el Presidente de la República, Sebastián Piñera, se reunió con
directores de varios canales de televisión. Esta señal, que aparentemente no
tuvo una intención de censura, fue una de las primeras situaciones irregulares
que detonaron la frágil posición que vive el periodismo en el país.
Tras la llamada a La Red, su
dueño, Ángel González, tomó la decisión de acudir a un organismo internacional para
sentar el precedente de que los llamados y peticiones a los medios de
comunicación de parte de quienes ejercen el poder deben ser rechazados y
denunciados públicamente.
VIOLENCIA CONTRA LA
PRENSA
El Colegio de Periodistas de
Chile ha insistido en las reiteradas vulneraciones de las cuáles han sido
víctimas los trabajadores y trabajadoras de la prensa y las comunicaciones
desde el estallido social, las que han ido en un preocupante escalda, pasando
por agresiones, acciones violentas, tortura sexual, censura y espionaje. Todo
esto lleva a asegurar que, la libertad de expresión, como derecho humano
fundamental, está en peligro. Ya entre el 18 de octubre de 2019 y enero de 2021,
el Equipo de Veedores por el Derecho a la Comunicación del Colegio de
Periodistas registró cerca de 100 casos de atropellos a la prensa en el
contexto de las movilizaciones sociales, los cuales fueron perpetrados por
agentes del Estado y no fueron condenados por las autoridades políticas en ningún
espacio mediático. Por otra parte, según las cifras del Observatorio por el
Derecho a la Comunicación (ODC), entre enero y marzo de 2021 se contabilizaron 60 casos
de coerción violenta en contra de la prensa: 22 detenciones y 38 agresiones. En
tan solo tres meses, se han superado en 50% lo registros de 2020, lo que
refleja una tendencia negativa en contra de las y los profesionales de la
prensa y las comunicaciones que tienen la importante misión de dar a conocer lo
que pasa en el territorio.
INFORMACIÓN EN PANDEMIA
Otra situación cuestionable, que se suma a la larga
lista de desaciertos del Ejecutivo en materia de derecho a la información, fue la
instrucción entregada vía WhatsApp a directores y directoras de
servicios de salud públicos, solicitando no entregar datos calificados como
sensibles, evitando así que la ciudadanía acceda a información oportuna y veraz.
Lo que se agrega a los datos entregados por el Consejo Por la Transparencia al
detectar la falta de cumplimiento de la ley por parte del Minsal respecto a la
entrega de información pública. El rol de la prensa es clave en un contexto de
máxima vulneración social y sanitaria. Por eso, resulta incomprensible que el “Plan
Paso a Paso” haya limitado aún más el desplazamiento de periodistas y
profesionales de la prensa y las comunicaciones a lo largo del país, exigiendo
documentación innecesaria para efectos laborales.
DECLARACIONES IMPRESENTABLES
Las y los periodistas tienen como imperativo ético y
profesional interpelar al poder, buscar respuestas, buscar la verdad y respetar
los Derechos Humanos. La formación profesional permite aplicar criterios para jerarquizar
las noticias y evaluar su pertinencia, y en ningún caso esas decisiones están cimentadas
en un afán personal o antojadizo. Por ello, los dichos del ministro de Salud,
Enrique Paris frente al trabajo de las periodistas Pascale Bonnefoy (The New
York Times) y Yasna Mussa (Washington Post), a quienes acusó de “mentir” y “querer
perjudicar” las gestiones de la actual administración de Gobierno en relación
al manejo de la pandemia, resultan impresentables. Resulta positiva alegramos
la contundente respuesta que recibió el titular de Salud desde la Asociación de
Corresponsales de la Prensa, a la que se sumó el Colegio de Periodistas, ya que
todo lo que se publica con motivo de la crisis sanitaria, además de representar
un deber, se hace en un marco de respeto por la libertad de expresión y de
opinión, con responsabilidad, ética y profesionalismo.
#INFORMARNOESDELITO
Es lamentable que los atropellos contra la prensa en
Chile continúen la senda heredada de la Dictadura. Lo último en el país, constituye
una cadena de errores ocurridos a vista e impunidad de las máximas autoridades.
Una muestra de esto es la investigación periodística de CIPER, mediante la cual
se conoció el documento que muestra cómo el Ejército de Chile engañó a la Corte
de Apelaciones para espiar al periodista Mauricio Weibel. Posteriormente, y en
ese mismo medio, en el marco de la investigación del Ministerio Público por ese
caso, se dio a conocer que la Institución Castrense monitoreó a otros cuatro
periodistas, quienes coincidentemente investigaban casos del Ejército y de
derechos humanos. El silencio de La Moneda ha sido vergonzoso, aun cuándo
distintos organismos nacionales e internacionales han alertado sobre los
riesgos de este escenario.
Para el Presidente Nacional del Colegio de Periodistas,
Danilo Ahumada, la reflexión ante las vulneraciones hacia la prensa debe ser
una prioridad en la agenda: “Nos preocupa la situación que vive el periodismo
en Chile. Estamos convencidos como Orden profesional que debe ser de interés
general de toda la ciudadanía la fragilidad que experimenta actualmente nuestra
democracia. Por ello, hacemos un enfático llamado a los diferentes sectores y
actores políticos, y a los y las representantes de la sociedad civil a unirse,
denunciar y defender la democracia y la libertad de expresión en nuestro país”,
concluyó Ahumada.
Pero esta situación no sólo ha ocurrido cuando se
investigan grandes casos de interés público, sino que también en contextos más
domésticos, ya que muchos dirigentes y dirigentas han sido víctimas de
intervenciones en sus teléfonos celulares y redes sociales a lo largo del país.
Mientras la ciudadanía y los periodistas afectados
esperaban alguna acción concreta que cuestionara estas prácticas, o en el mejor
de los casos, las rechazara, este domingo 18 de abril tres ramas de las Fuerzas
Armadas se organizaron y orquestaron un comunicado público –que fue respaldado
incluso por el Ministro de Defensa- interpelando al Canal La Red por una rutina
de humor político que involucró al Ejército. La institución militar, junto con
evadir su responsabilidad ante los cuestionamientos, cometió un segundo error, pues
deliberó sobre asuntos públicos que se encuentran muy por sobre ella en la
línea jerárquica.
Para visibilizar y condenar con fuerza estos hechos, desde
el Colegio de Periodistas de Chile se levantó la campaña #InformarNoEsDelito; además
de realizar alianzas con organismos de derechos humanos para frenar estos
abusos.
