El Colegio Médico de Chile y su Fundación de Asistencia Legal presentaron una querella por amenazas realizadas a dos profesionales de la salud. A pocos días de la conmemoración de un año de la revuelta social y popular, en calles aledañas al Hospital San José fueron lanzados panfletos y pancartas en los que se identifica a dos profesionales de la Salud como “traidores a la patria” y se entregan datos personales, como su foto y domicilio. Los panfletos llevan la firma de grupos que se denominan de “extrema derecha”.
Ante esto, el médico Roberto Bemúdez sostuvo “aquí hay un ataque concertado, de una organización como Patria y Libertad que se está re articulando, que sabemos que es una organización de carácter terrorista que tiene atentados terroristas a su haber en su larga historia” y agregó que esta es una medida de amedrentamiento, que responde principalmente al miedo que tienen de que este país por fin cambie de una vez y se haga un país más digno donde todos queramos y podamos no sólo sobrevivir, con alegría y dignidad.
“No tenemos miedo, no lo tuvimos antes, no lo vamos a tener ahora. Sabemos que nos asiste la razón, la moral y el amor, y el odio nunca le va a ganar al amor, por lo tanto, lo único que hace este tipo de ataques cobardes, escondidos en el anonimato, es reafirmar nuestra convicción de seguir luchando hasta que la Dignidad sea más que una plaza”, sostuvo el profesional.
Bermúdez también participaba en un programa online llamado “Consultorio Digital” que se desarrolla de forma conjunta entre el medio popular La Trinchera de Barrancas y el movimiento Salud en Resistencia del cuál Roberto es parte y, al día siguiente de las amenazas, el programa fue bloqueado por primera vez, siendo que se emitió por más de seis meses sin mayores inconvenientes. “Creemos que esto es parte del ataque concertado”, añadió.
Defensores de DDHH de ayer y hoy
Junto con el doctor Bermúdez también fue amenazada su madre, la doctora Carla Paz Pellegrin Friedmann, hermana de Raúl Pellegrin Friedmann, “Comandante José Miguel”, uno de los fundadores del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), asesinado en Los Queñes junto a Cecilia Magni “Comandante Tamara” en octubre de 1988, un conocido caso de violación a los Derechos Humanos ocurridos en el marco de la dictadura cívico militar en Chile.
Carla ha sido una reconocida defensora de Derechos Humanos y ha participado también en la asistencia a los manifestantes agredidos en el marco de la revuelta. Enrique Morales, Presidente del Departamento Nacional de Derechos humanos del Colegio Médico de Chile repudió de manera tajante las amenazas: “Se le amenaza por su labor como defensores de Derechos Humanos dado que ellos desde octubre de 2019 estuvieron trabajando en la cercanía de la Plaza de la Dignidad, atendiendo y dándole primeros auxilios a las personas que caían víctimas de algún tipo de heridas en las manifestaciones”.
Morales explicó que esta labor que ambos desarrollaron fue de manera voluntaria y persistente, durante muchas jornadas, donde aportaron decididamente a la atención de las personas y ayudaron a recuperar su salud, dado que esta primera atención contribuye a no atochar los servicios de urgencia. “Por lo tanto, el amedrentamiento constituye un ataque a los defensores de Derechos Humanos que está tipificado a nivel internacional como un acto que debe ser repudiado por toda la sociedad”.
Vulneración al derecho a la Comunicación
Se espera que en los próximos días se sumen a la querella nuevas acciones legales en defensa de las y los periodistas y comunicadores populares que también fueron amenazados. Entre ellos Carolina Trejo, periodista y profesora de la Universidad de Chile y la Universidad de Santiago de Chile (USACH), Claudio Salinas, Marcelo Osses y Juan Guillermo, miembros de Radio Plaza Dignidad, así como a Mónica Pizarro, colaboradora de Radio 1 de Mayo de La Victoria.
Por su parte la Presidenta del Colegio de Periodistas de Chile, Nathalie Castillo, sostuvo que se observa claramente cómo estas amenazas no son al azar, sino que constituyen un ataque a la libertad de prensa, ya que se dirigen a periodistas, comunicadoras y comunicadores alternativos y populares que, con su trabajo de información a la ciudadanía, han puesto en evidencia una serie de abusos de los sectores conservadores y han dado una fuerte cobertura a las demandas sociales en el marco de la revuelta popular de octubre.
“Esto sin duda vulnera el derecho a la Comunicación, al ejercicio de la Prensa y también la libertad a la información. Es por ello que exigimos a quien corresponda una rápida y eficiente indagación sobre estos graves hechos, junto con responsabilizar a las autoridades de Gobierno, al Ministerio del interior, por su cómplice omisión frente a estas acciones terroristas de grupos organizados que fomentan el odio y la violencia en nuestro país contra comunicadoras/es y activistas sociales", sostuvo de forma categórica y recordó también que -según han indicado los relatores internacionales-, periodistas y comunicadores sociales son también defensores de derechos humanos y, no sólo eso, sino que el libre ejercicio de su labor es un piso básico para el correcto funcionamiento de las democracias.
En tanto Mónica Vargas, Presidenta de la Federación de Colegios Profesionales Universitarios de Chile (FEDCOLPROF) indicó: “Esta situación es impresentable. Estas amenazas no hacen sino reforzar la idea de que nuestra democracia está enferma y que necesitamos cambiarla, necesitamos avanzar”.
Así, y ante la omisión de las autoridades, surge con fuerza el llamado desde las comunidades universitarias y colegios profesionales no sólo a investigar y sancionar a los responsables, sino a entregar plenas garantías del actuar de los profesionales de salud y del libre ejercicio del periodismo y las comunicaciones a un año de la revuelta social y popular en Chile y pocos días del plebiscito constitucional del próximo domingo 25 de octubre.
