La misión canadiense de observación de derechos humanos, que estuvo en Chile durante enero de para verificar las situaciones de violaciones a las garantías ciudadanas desde el estallido social del 18 de octubre del año pasado, constató agresiones a comunicadores en su informe preliminar del 27 de este mes, citando para ello el testimonio y trabajo de recopilación de antecedentes realizado por el Colegio de Periodistas.
A continuación, el detalle del informe
RESULTADOS PRELIMINARES DE LA MISIÓN CANADIENSE DE OBSERVACIÓN SOBRE VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS EN CHILE
El objetivo principal de esta Misión es documentar las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante los últimos tres meses en Chile, para actualizar y complementar los datos de las misiones anteriores. La misión está conformada por delegados de diversas especializaciones y campos de intervención: diputados de los parlamentos del Quebec y de Canadá, representantes sindicales y de la sociedad civil e investigadores:
• Sol Zanetti, diputado del Partido Quebec solidario en la Asamblea Nacional de Quebec
• Simon-Pierre Savard-Tremblay, diputado del Partido Bloc Quebequense en el Parlamento de Canadá;
• Denise Gagnon, representante sindical de la Federación de trabajadores y trabajadoras de
Quebec (FTQ) y presidente de la Fundación Salvador Allende de Quebec;
• Luc Allaire, responsable de relaciones internacionales de la Central de sindicatos de Quebec –
(CSQ );
• Ricardo Peñafiel, representante sindical del Consejo Central de Montreal Metropolitano de la
Central Sindical Nacional (CSN) y de la Federación Nacional de Docentes de Quebec ;
• Marie-Christine Doran, investigadora de la Escuela de Estudios Políticos, directora del centro de
investigación en criminalización de la protesta social, de la Université d'Ottawa;
• Isabel Orellana, miembro del directorio del Centro de Investigación en Educación y Formación
en Medio Ambiente y Ecociudadanía, especializada en conflictos socioecológicos, de la
Université du Québec à Montréal ;
• Marcos Ancelovici, investigador del departamento de ciencia politica, director de la Cátedra de
Investigación de Canadá en sociología de los conflictos sociales, de la Université du Québec à
Montréal ;
• Pierre Mouterde, ensayista y filósofo del Colegio preuniversitario Limoilou
Esta Misión realizó 65 horas de entrevistas en Santiago, Antofagasta y Valparaíso, entre el 18 y el 26 de enero del presente, con 99 personas de 51 organizaciones, entre las que se cuentan:
• Organizaciones de la sociedad civil : de apoyo jurídico, de salud y seguimiento sicológico a
víctimas y familiares, organismos de derechos humanos, de comunicación social y difusión, de
mujeres, organizaciones ambientales y territoriales, indígenas y populares barriales;
• centrales sindicales : sectoriales y nacionales
• federaciones estudiantiles : secundarias y universitarias
• centros universitarios de investigación y defensoría jurídica, de comunicación y periodismo;
• colegios profesionales : periodistas y médicos;
• parlamentarios y personeros de gobierno;
• instituciones estatales especializadas en DDHH : INDH, Alto comisionado ONU en DDHH ;
• y víctimas.
De este proceso destacamos los resultados preliminares siguientes, que nos parecen particularmente
importantes y preocupantes:
En primer lugar, señalamos que después de 3 meses del inicio del estallido social y a pesar de las
recomendaciones de las misiones internacionales y de las organizaciones sociales nacionales, las violaciones a los derechos humanos y la represión continúan, y se producen en un contexto de intimidación de la población y de criminalización de la protesta social.
A pesar de que las cifras del último informe del INDH revelan que las violaciones a los derechos humanos observadas por este organismo, han bajado comparativamente a las que se produjeron durante el estado de emergencia, se advierte que estas violaciones continúan de forma constante y sistemática, concentrándose en espacios y sectores sociales específicos del país. Los datos y testimonios que hemos recogido indican que, si bien las declaraciones oficiales minimizan la gravedad de la situación, el estado crítico de éstas se mantienes y se agrava por el efecto acumulativo.
Además, aún no se concretizan avances en materia de respeto de los derechos humanos en las prácticas de las fuerzas policiales, esto, en un contexto en que el régimen político chileno sigue bloqueado en una profunda crisis de legitimidad.
Constatamos la continuidad de las violaciones a derechos humanos siguientes, ya identificadas en
informes anteriores :
1. Heridas por perdigones y bombas lacrimógenas;
2. Violencias y vejámenes sexuales (desnudamientos, sentadillas, tocaciones, etc.);
3. Detenciones sin registro, a veces efectuadas por policías de civil;
4. Golpizas de detenidos en furgones de Carabineros y en comisarías;
5. Utilización masiva de gases lacrimógenos, que regularmente sofocan a barrios enteros afectando la
salud y el bienestar de amplios sectores de la población (que hayan participado o no en
manifestaciones), incluyendo a mujeres, ancianos, niños y personas minusválidas. Constatamos que
esta práctica es utilizada regularmente en poblaciones periféricas y es experimentada por los
residentes de los barrios como un castigo colectivo y una forma de intimidación;
6. Un procedimiento judicial parcial y que muestra negligencia debilitando la acción efectiva del respeto de los derechos fundamentales. Destacamos en particular, la utilización de la prisión preventiva, en algunos casos por largos períodos, para sancionar a personas contra las cuales no hay necesariamente las pruebas requeridas, como asimismo, la neutralización del recurso de amparo por no registrarse las detenciones de manera rápida y sistemática por parte de carabineros;
7. Agresiones al personal voluntario de salud y a observadores de derechos humanos, quienes son a
menudo víctimas de malos tratos, amenazas, insultos e incluso, blanco de los tiros de Carabineros;
8. Ausencia o negligencia en la aplicación de los protocolos de carabineros;
A estas violaciones se suman las agresiones en contra de periodistas y profesionales de medios de
comunicación. Por ejemplo, señalar que el Colegio de periodistas identifica 48 casos de periodistas
agredidos por Carabineros, incluyendo 9 mujeres: 23 de estos periodistas acusaron lesiones por perdigones o lacrimógenas dirigidos directamente hacia ellos (ejemplo de ello, es la pérdida ocular de un camarógrafo de Meganoticias, a pesar de estar identificado como tal) y 2, sufrieron violencias sexuales.
De la misma manera, el Observatorio de derechos humanos y libertad de expresión reporta 160 casos,
incluyendo 96 lesionados con armas disuasorias y 27 detenciones. Además, estas violaciones constituyen un grave menoscabo del derecho a la información de la población chilena.
A estos datos se suman los del informe de la Fundación Datos Protegidos y del Observatorio del Derecho a la Comunicación, correspondientes al período del 18 de octubre al 22 de noviembre de 2019 que identifican 138 casos de ataques, amenazas e intimidaciones. A éstos se agregan otros de censura en los medios sociales (Instagram, YouTube, Facebook y Twitter).
Finalmente, hemos podido constatar que las violaciones a derechos humanos ocurren cotidianamente hasta el día de hoy. Algunos ejemplos son los casos siguientes:
1. Durante la madrugada del Año Nuevo en Valparaíso, el joven profesor de educación física Matías
Orellana, perdió un ojo y sufrió una fractura craneal tras recibir una bomba lacrimógena de Carabineros;
2. El 11 de enero, fue detenido Nicolás Ríos Verdugo (20 años) en el centro de Santiago,
supuestamente, por policías de civil. Según el testimonio de su familia, el joven fue secuestrado,
golpeado y amenazado con tortura y violación. Él se encuentra ahora en prisión preventiva por 60
días;
3. El viernes 17 de enero de 2020 se reportan 4 nuevas víctimas de trauma ocular;
4. El lunes 20 de enero de 2020, Matías Yáñez, de 16 años, fue detenido en las cercanías de una marcha, en Valparaíso, apaleado, vejado, amenazado en un vehículo de carabineros y la detención negada por muchas horas a su madre.
Los datos recabados en las entrevistas, acusan que se trata de una represión sistemática y masiva. El nivel de sistematicidad es difícil de evaluar de manera precisa, pero los datos y testimonios recopilados indican la presencia de prácticas represivas recurrentes y similares de un lugar a otro, que manifiestan un patrón común. Más allá de los casos más visibilizados, la sistematicidad se revela igualmente en la multiplicación de violaciones a derechos humanos de menor connotación, que van instalando gradualmente una lógica anti-democrática. Por otra parte, se constata un fenómeno de retraumatización, al revivirse prácticas heredadas de la dictadura.
Pese al elevado número de denuncias, de acciones judiciales, de investigaciones internas y procedimientos administrativos por violaciones a derecho humanos, se han formalizado muy pocos casos y ha habido muy pocos fallos.
Frente a esta situación extremadamente crítica, se plantea la interrogante sobre la voluntad, el liderazgo y el actuar concreto del gobierno para frenar y poner término a las violaciones a derechos humanos. Los informes de organismos internacionales ya han denunciado de manera contundente estas violaciones y han formulado una serie de recomendaciones. ¿Qué más necesita el gobierno para implementarlas? ¿De qué manera las nuevas leyes antisaqueo, antibarricadas y anticapuchas y de protección de infraestructuras críticas van a contribuir a mejorar la situación de los DDHH en Chile? Y por otra parte, ¿Cómo se responde a las demandas sociales que ha expresado de manera contundente la ciudadanía y que han generado el estallido social?
Desde nuestra perspectiva, la prioridad parece ser de criminalizar la protesta social, como forma de
desmovilizar la población, en vez de realmente enfrentar la brecha social y los grandes problemas
estructurales que han revelado los eventos de los últimos meses.
Frente a este contexto, no somos optimistas. Los datos y testimonios que hemos recopilado apuntan a un disfuncionamiento de la institucionalidad chilena que alimenta una impunidad sistémica y la
desconfianza de la población. De las entrevistas se puede constatar que se mencionan repetidamente los términos de “crímenes de lesa humanidad” y de “terrorismo de Estado” para calificar la situación.
Al mismo tiempo, el proceso constituyente abre horizontes nuevos para Chile. Pese a la necesidad de
precisiones sobre la conducción de éste y a las diversas críticas, constatamos que este debate traduce una aspiración profunda de democracia y de justicia.
Por esta misma razón, consideramos fundamental aportar nuestra solidaridad al pueblo de Chile y
denunciar el silencio desconcertante e inaceptable de nuestro propio gobierno: el gobierno de Canadá.
A diferencia del gobierno de Quebec, quien ha manifestado su solidaridad con el pueblo de Chile y ha tomado una posición clara a favor de la defensa de los DDHH, el gobierno federal de Justin Trudeau revela hasta ahora una excesiva discreción. Nos preguntamos si esta timidez de parte del gobierno canadiense tiene que ver con las importantes inversiones financieras de Canadá en Chile, especialmente en el sector minero. Contamos con los diputados de nuestra Misión para plantear estas preguntas en los parlamentos de Quebec y de Canadá.
En las próximas semanas, redactaremos un informe más detallado que ponga en perspectiva y profundice estas problemáticas y proponga una serie de recomendaciones. Será redactado en francés y traducido al inglés y al español. Entregaremos copias a los gobiernos de Chile, Canadá y Quebec, al Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y a los numerosos grupos y organismos que defienden y promueven los DDHH en Chile y en Canadá.
También visibilizaremos el informe a través de los medios de comunicación y a través de cápsulas video, filmadas por nosotros, que serán difundidas por los medios sociales. Finalmente, iniciaremos una gira de presentaciones sobre la situación en Chile a través de diversas instituciones para que amplios sectores de la población y las nuevas generaciones entiendan la importancia, la significación y la dimensión universal de los derechos humanos.
A continuación, el detalle del informe
RESULTADOS PRELIMINARES DE LA MISIÓN CANADIENSE DE OBSERVACIÓN SOBRE VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS EN CHILE
El objetivo principal de esta Misión es documentar las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante los últimos tres meses en Chile, para actualizar y complementar los datos de las misiones anteriores. La misión está conformada por delegados de diversas especializaciones y campos de intervención: diputados de los parlamentos del Quebec y de Canadá, representantes sindicales y de la sociedad civil e investigadores:
• Sol Zanetti, diputado del Partido Quebec solidario en la Asamblea Nacional de Quebec
• Simon-Pierre Savard-Tremblay, diputado del Partido Bloc Quebequense en el Parlamento de Canadá;
• Denise Gagnon, representante sindical de la Federación de trabajadores y trabajadoras de
Quebec (FTQ) y presidente de la Fundación Salvador Allende de Quebec;
• Luc Allaire, responsable de relaciones internacionales de la Central de sindicatos de Quebec –
(CSQ );
• Ricardo Peñafiel, representante sindical del Consejo Central de Montreal Metropolitano de la
Central Sindical Nacional (CSN) y de la Federación Nacional de Docentes de Quebec ;
• Marie-Christine Doran, investigadora de la Escuela de Estudios Políticos, directora del centro de
investigación en criminalización de la protesta social, de la Université d'Ottawa;
• Isabel Orellana, miembro del directorio del Centro de Investigación en Educación y Formación
en Medio Ambiente y Ecociudadanía, especializada en conflictos socioecológicos, de la
Université du Québec à Montréal ;
• Marcos Ancelovici, investigador del departamento de ciencia politica, director de la Cátedra de
Investigación de Canadá en sociología de los conflictos sociales, de la Université du Québec à
Montréal ;
• Pierre Mouterde, ensayista y filósofo del Colegio preuniversitario Limoilou
Esta Misión realizó 65 horas de entrevistas en Santiago, Antofagasta y Valparaíso, entre el 18 y el 26 de enero del presente, con 99 personas de 51 organizaciones, entre las que se cuentan:
• Organizaciones de la sociedad civil : de apoyo jurídico, de salud y seguimiento sicológico a
víctimas y familiares, organismos de derechos humanos, de comunicación social y difusión, de
mujeres, organizaciones ambientales y territoriales, indígenas y populares barriales;
• centrales sindicales : sectoriales y nacionales
• federaciones estudiantiles : secundarias y universitarias
• centros universitarios de investigación y defensoría jurídica, de comunicación y periodismo;
• colegios profesionales : periodistas y médicos;
• parlamentarios y personeros de gobierno;
• instituciones estatales especializadas en DDHH : INDH, Alto comisionado ONU en DDHH ;
• y víctimas.
De este proceso destacamos los resultados preliminares siguientes, que nos parecen particularmente
importantes y preocupantes:
En primer lugar, señalamos que después de 3 meses del inicio del estallido social y a pesar de las
recomendaciones de las misiones internacionales y de las organizaciones sociales nacionales, las violaciones a los derechos humanos y la represión continúan, y se producen en un contexto de intimidación de la población y de criminalización de la protesta social.
A pesar de que las cifras del último informe del INDH revelan que las violaciones a los derechos humanos observadas por este organismo, han bajado comparativamente a las que se produjeron durante el estado de emergencia, se advierte que estas violaciones continúan de forma constante y sistemática, concentrándose en espacios y sectores sociales específicos del país. Los datos y testimonios que hemos recogido indican que, si bien las declaraciones oficiales minimizan la gravedad de la situación, el estado crítico de éstas se mantienes y se agrava por el efecto acumulativo.
Además, aún no se concretizan avances en materia de respeto de los derechos humanos en las prácticas de las fuerzas policiales, esto, en un contexto en que el régimen político chileno sigue bloqueado en una profunda crisis de legitimidad.
Constatamos la continuidad de las violaciones a derechos humanos siguientes, ya identificadas en
informes anteriores :
1. Heridas por perdigones y bombas lacrimógenas;
2. Violencias y vejámenes sexuales (desnudamientos, sentadillas, tocaciones, etc.);
3. Detenciones sin registro, a veces efectuadas por policías de civil;
4. Golpizas de detenidos en furgones de Carabineros y en comisarías;
5. Utilización masiva de gases lacrimógenos, que regularmente sofocan a barrios enteros afectando la
salud y el bienestar de amplios sectores de la población (que hayan participado o no en
manifestaciones), incluyendo a mujeres, ancianos, niños y personas minusválidas. Constatamos que
esta práctica es utilizada regularmente en poblaciones periféricas y es experimentada por los
residentes de los barrios como un castigo colectivo y una forma de intimidación;
6. Un procedimiento judicial parcial y que muestra negligencia debilitando la acción efectiva del respeto de los derechos fundamentales. Destacamos en particular, la utilización de la prisión preventiva, en algunos casos por largos períodos, para sancionar a personas contra las cuales no hay necesariamente las pruebas requeridas, como asimismo, la neutralización del recurso de amparo por no registrarse las detenciones de manera rápida y sistemática por parte de carabineros;
7. Agresiones al personal voluntario de salud y a observadores de derechos humanos, quienes son a
menudo víctimas de malos tratos, amenazas, insultos e incluso, blanco de los tiros de Carabineros;
8. Ausencia o negligencia en la aplicación de los protocolos de carabineros;
A estas violaciones se suman las agresiones en contra de periodistas y profesionales de medios de
comunicación. Por ejemplo, señalar que el Colegio de periodistas identifica 48 casos de periodistas
agredidos por Carabineros, incluyendo 9 mujeres: 23 de estos periodistas acusaron lesiones por perdigones o lacrimógenas dirigidos directamente hacia ellos (ejemplo de ello, es la pérdida ocular de un camarógrafo de Meganoticias, a pesar de estar identificado como tal) y 2, sufrieron violencias sexuales.
De la misma manera, el Observatorio de derechos humanos y libertad de expresión reporta 160 casos,
incluyendo 96 lesionados con armas disuasorias y 27 detenciones. Además, estas violaciones constituyen un grave menoscabo del derecho a la información de la población chilena.
A estos datos se suman los del informe de la Fundación Datos Protegidos y del Observatorio del Derecho a la Comunicación, correspondientes al período del 18 de octubre al 22 de noviembre de 2019 que identifican 138 casos de ataques, amenazas e intimidaciones. A éstos se agregan otros de censura en los medios sociales (Instagram, YouTube, Facebook y Twitter).
Finalmente, hemos podido constatar que las violaciones a derechos humanos ocurren cotidianamente hasta el día de hoy. Algunos ejemplos son los casos siguientes:
1. Durante la madrugada del Año Nuevo en Valparaíso, el joven profesor de educación física Matías
Orellana, perdió un ojo y sufrió una fractura craneal tras recibir una bomba lacrimógena de Carabineros;
2. El 11 de enero, fue detenido Nicolás Ríos Verdugo (20 años) en el centro de Santiago,
supuestamente, por policías de civil. Según el testimonio de su familia, el joven fue secuestrado,
golpeado y amenazado con tortura y violación. Él se encuentra ahora en prisión preventiva por 60
días;
3. El viernes 17 de enero de 2020 se reportan 4 nuevas víctimas de trauma ocular;
4. El lunes 20 de enero de 2020, Matías Yáñez, de 16 años, fue detenido en las cercanías de una marcha, en Valparaíso, apaleado, vejado, amenazado en un vehículo de carabineros y la detención negada por muchas horas a su madre.
Los datos recabados en las entrevistas, acusan que se trata de una represión sistemática y masiva. El nivel de sistematicidad es difícil de evaluar de manera precisa, pero los datos y testimonios recopilados indican la presencia de prácticas represivas recurrentes y similares de un lugar a otro, que manifiestan un patrón común. Más allá de los casos más visibilizados, la sistematicidad se revela igualmente en la multiplicación de violaciones a derechos humanos de menor connotación, que van instalando gradualmente una lógica anti-democrática. Por otra parte, se constata un fenómeno de retraumatización, al revivirse prácticas heredadas de la dictadura.
Pese al elevado número de denuncias, de acciones judiciales, de investigaciones internas y procedimientos administrativos por violaciones a derecho humanos, se han formalizado muy pocos casos y ha habido muy pocos fallos.
Frente a esta situación extremadamente crítica, se plantea la interrogante sobre la voluntad, el liderazgo y el actuar concreto del gobierno para frenar y poner término a las violaciones a derechos humanos. Los informes de organismos internacionales ya han denunciado de manera contundente estas violaciones y han formulado una serie de recomendaciones. ¿Qué más necesita el gobierno para implementarlas? ¿De qué manera las nuevas leyes antisaqueo, antibarricadas y anticapuchas y de protección de infraestructuras críticas van a contribuir a mejorar la situación de los DDHH en Chile? Y por otra parte, ¿Cómo se responde a las demandas sociales que ha expresado de manera contundente la ciudadanía y que han generado el estallido social?
Desde nuestra perspectiva, la prioridad parece ser de criminalizar la protesta social, como forma de
desmovilizar la población, en vez de realmente enfrentar la brecha social y los grandes problemas
estructurales que han revelado los eventos de los últimos meses.
Frente a este contexto, no somos optimistas. Los datos y testimonios que hemos recopilado apuntan a un disfuncionamiento de la institucionalidad chilena que alimenta una impunidad sistémica y la
desconfianza de la población. De las entrevistas se puede constatar que se mencionan repetidamente los términos de “crímenes de lesa humanidad” y de “terrorismo de Estado” para calificar la situación.
Al mismo tiempo, el proceso constituyente abre horizontes nuevos para Chile. Pese a la necesidad de
precisiones sobre la conducción de éste y a las diversas críticas, constatamos que este debate traduce una aspiración profunda de democracia y de justicia.
Por esta misma razón, consideramos fundamental aportar nuestra solidaridad al pueblo de Chile y
denunciar el silencio desconcertante e inaceptable de nuestro propio gobierno: el gobierno de Canadá.
A diferencia del gobierno de Quebec, quien ha manifestado su solidaridad con el pueblo de Chile y ha tomado una posición clara a favor de la defensa de los DDHH, el gobierno federal de Justin Trudeau revela hasta ahora una excesiva discreción. Nos preguntamos si esta timidez de parte del gobierno canadiense tiene que ver con las importantes inversiones financieras de Canadá en Chile, especialmente en el sector minero. Contamos con los diputados de nuestra Misión para plantear estas preguntas en los parlamentos de Quebec y de Canadá.
En las próximas semanas, redactaremos un informe más detallado que ponga en perspectiva y profundice estas problemáticas y proponga una serie de recomendaciones. Será redactado en francés y traducido al inglés y al español. Entregaremos copias a los gobiernos de Chile, Canadá y Quebec, al Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y a los numerosos grupos y organismos que defienden y promueven los DDHH en Chile y en Canadá.
También visibilizaremos el informe a través de los medios de comunicación y a través de cápsulas video, filmadas por nosotros, que serán difundidas por los medios sociales. Finalmente, iniciaremos una gira de presentaciones sobre la situación en Chile a través de diversas instituciones para que amplios sectores de la población y las nuevas generaciones entiendan la importancia, la significación y la dimensión universal de los derechos humanos.
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| Ponencia de nuestra secretaria general Rocío Alorda ante la Comisión de DDHH de parlamentarios de los gobiernos de Canadá y Québec, realizada en la sede del Círculo de Periodistas de Santiago en enero de 2020 |
