A casi un mes del estallido social por el fin del abuso y las desigualdades en Chile, es claro que la demanda por una Nueva Constitución está en el centro de la movilización social. No lo dice esta
Asamblea, sino miles de pancartas y voces en las históricas y masivas marchas, cabildos y encuentros auto-convocados que, a lo largo de todo el país, demandan una sociedad más justa y digna.
Creemos que esta crisis no encontrará una salida política sin acoger la voz soberana del pueblo. La ruta es clara: aprobar de inmediato una reforma constitucional que permita realizar un Plebiscito Vinculante para habilitar una Asamblea Constituyente en la que se origine una nueva y legítima Constitución. Este será el primer acuerdo ciudadano hacia un Pacto Social que nos represente a todas, todos y todes.
En ese sentido rechazamos tajantemente la iniciativa del Gobierno de radicar la redacción de una nueva Carta Fundamental en un "Congreso Constituyente". Este mecanismo no es idóneo para responder al actual momento constituyente, en el que la población reclama participación directa.
Una Asamblea Constituyente es la única vía realmente democrática y capaz de radicar el poder constituyente originario. Soslayar esta realidad implica agudizar la situación actual, desconocer el colapso de la democracia representativa y afectar aún más el Estado de Derecho.
Una Asamblea Constituyente es la única vía realmente democrática y capaz de radicar el poder constituyente originario. Soslayar esta realidad implica agudizar la situación actual, desconocer el colapso de la democracia representativa y afectar aún más el Estado de Derecho.
Por lo mismo hacemos un llamado a las, les y los parlamentarios a no prestarse al proceso que ha impuesto el gobierno, ya que implica en los hechos usurpar el poder constituyente originario que demanda la ciudadanía, intensificando aún más la grave crisis institucional que
enfrenta el país.
Advertimos también que sigue en trámite en el parlamento la agenda de leyes que presentó el Gobierno con el fin de criminalizar la movilización social. Exigimos a quienes hemos mandatado para legislar en nuestra representación que se opongan a estas medidas. La protesta social y la desobediencia civil ante la injusticia son derechos plenamente reconocidos por el Sistema Universal de Derechos Humanos.
Reiteramos a la comunidad nacional e internacional que los niveles de violencia alcanzados: asesinatos, detenciones ilegítimas, mutilaciones, secuestros, tortura y violencia político sexual son insostenibles y no se pueden aceptar ni tolerar en una democracia. Ninguna iniciativa que apunte a dar mayores atribuciones a las fuerzas de seguridad y orden público contribuye a solucionar esta crisis.
La ciudadanía ha sido clara: esto no es una guerra, no hay un enemigo interno, no se trata del pueblo contra el pueblo. El gobierno fracasó en su plan de ahogarnos en amenazas y violencia invocando el fantasma de la “seguridad nacional” y no pude seguir desoyendo el llamado de los, les y las chilenas que exigen transformaciones profundas. ¡No descansaremos hasta que esta salida ciudadana sea una realidad!
Exigimos un Plebiscito Vinculante ahora.
#ElPlebiscitoVa!
12 de noviembre 2019
