En medio del estallido
social del octubre rojo, aún presente en Chile, con muertos en manos de
carabineros y militares y cuya identidad se desconoce aún, surgen ideas y
propuestas, de todos los colores políticos, de cómo restablecer la paz social.
Los mismos que generaron la
situación de desigualdad, están hoy, según dicen, dispuestos a obtener
acuerdos, superar los errores y – ahora si- pensar en la justicia social. Esto
es maravilloso y me gustaría creerlo.
Ninguna persona sensata
podría estar optimista sobre los resultados de un acuerdo social que supere la
crisis e inicie un proceso de rectificación, teniendo como actores principales
a los propios políticos que han glorificado el mercado y han usado el estado
para defender sus intereses privados.
Los abusos y la desigualdad
social y económica comenzó planificadamente en
la dictadura de Pinochet, pero luego se consolidó en la postdictadura.
Empezó con la represión sistemática hacia los trabajadores y luego se impuso
con los consensos de izquierda y de derecha. Los sucesivos gobiernos, en
diferentes grados, terminaron favoreciendo siempre a los grandes grupos
económicos, a un coro de políticos y de funcionarios exageradamente bien pagados .
Todos ellos viviendo de un Estado discriminador y con cero sensibilidad para
las necesidades y aspiraciones de los trabajadores.
Al final este modelo
conocido como neoliberal, que fue importado de los Estados Unidos por los
Chicago Boys y sus aliados nacionales, se ha mostrado muy rentable tanto para
la delincuencia común, como para esconder bajo la legalidad y los discursos
económicos privatizadores, la corrupción, el fomento de las ganancias colosales
de los grandes empresarios nacionales y extranjeros, generando como
contrapartida , el estancamiento de los
ingresos de los sectores pobres y emergentes.
Debiéramos suponer, para un
acuerdo social, que los privilegiados y los abusadores, producto del miedo que
las cosas empeoren y se pierda todo control, quisieran moderar sus ambiciones y
acepten nuevos términos para obtener su plusvalía.
Si fuera verdad tanta buena
intención de última hora y si el Presidente Piñera lograra pasar de su visión
de “guerra” o de su estrategia de estado de excepción y de toque de queda, como
camino del autogolpe que justifique su fracaso….se pusiera efectivamente
sensato.
De ser así el Presidente
debiera cambiar radicalmente su visión y su peregrina táctica basada en el
miedo social, para pasar a tomar la
oportunidad de iniciar un acuerdo social, que recupere la confianza, la paz social
e inicie un camino de buena convivencia nacional.
Si hubiese una intención
real de la derecha y de los partidos centro izquierda de perfilar un acuerdo
social rectificador, la oportunidad está viva. No se trata ni siquiera de
generar nueva riqueza. Se trata simplemente de reorientar radicalmente el
sistema de AFP, aún sin disolverlas.
Basado en el aporte individual de los
trabajadores de un 10% de sus remuneraciones
a una cuenta personal en una AFP, la actual administración, logra
una rentabilidad de 8% promedio anual.
Con el dinero de los trabajadores se ha creado un fondo que asciende a US$219.000 millones, al cual se le
incorporan US$7.000 millones anualmente.
Estos recursos son el basamento del sistema económico y financiero de Chile
pero no están al servicio de sus verdaderos dueños. Al cierre de enero, este
número ya representa el 83,4% del Producto Interno Bruto (PIB), nivel histórico
desde que se tienen registros.
Hace seis años, en tanto,
su peso era de 62,3% respecto del PIB y el fuerte avance que ha registrado se
explica, de manera importante, por la rentabilidad que han tenido los fondos en
el último tiempo.Fuente El Mercurio http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=445102
En la actualidad las AFP, administran con amplia autonomía los fondos,
favoreciendo los negocios de clanes económicos privados, incluida la compra de
acciones en el extranjero. El Estado se ha desentendido, dejando a los
cotizantes bajo las garras de voraces negociantes privados, sin fiscalizar su
labor y sin tener capacidad decisoria ante tan colosal recurso.
Ante esta ausencia del Estado,
se ha consolidado un enorme poder económico y político en una industria
altamente concentrada en solo seis AFP: Habitat, Provida, Cuprum, Capital, Planvital y Modelo. Cuatro de ellas –Provida,
Cuprum, Capital y Planvital- son controladas por multinacionales extranjeras, con
orientaciones y prioridades de sus casas matrices, las que están en
directa contradicción con los intereses
nacionales.
Si este enorme capital que
pertenece a los chilenos, fuera administrado por el Estado o por una entidad
social, con participación de los propios ahorrantes, podría mejorarse
sustantivamente las pensiones y contribuir de manera segura al efectivo
desarrollo económico y social del país, creando empresas, construyendo
hospitales, caminos, educación, salud y dando trabajo y rentabilizando para los
cotizantes y no para los actuales
administradores y sus asociados.
¿Será esto posible en un acuerdo social para Chile? Es una solución simple la reorientación de las AFP, de
efectos de mediano plazo tangibles, pero necesita que los actores políticos,
sociales y económicos tengan un brutal ataque de sensibilidad nacional y
social para que estén dispuestos a
cambiar la estúpida ideología privatizadora neoliberal y adoptar un camino de solidaridad con los
trabajadores del país, que son los que producen la riqueza .
De esta
manera Chile podría empezar a pasar del octubre rojo de rabia a un país con más
justicia social.
