El Colegio de Periodistas de Magallanes rechaza el diálogo con pistola, la militarización del país y todas las declaraciones que intentan confundir y banalizar las justas demandas sociales que vive nuestra sociedad, asfixiada hace décadas por un modelo que construye desigualdades y lidera la brecha económica más injusta de Latinoamérica. Se trata de una expresión que deteriora y afecta los ámbitos más sensibles y básicos de la vida: salud, educación, transporte, jubilación, trabajo, derechos humanos, igualdad de género y medio ambiente.
En este contexto, creemos que los estados de excepción no ayudan, sino que, muy por el contrario, son la cortina que cierra el diálogo y abre el camino a dictaduras y doctrinas que simplifican argumentos, ven de enemigos a ciudadanos y demandas, justificando y promoviendo violencia.
Nos resistimos a una forma de gobierno que enfrenta los problemas, confundiendo la reacción frente a la inequidad con “simple delincuencia”, violentando nuestra cotidianidad con fuerzas armadas que sostenemos económicamente, pese a sus irregularidades y privilegios.
El Gobierno del Presidente Sebastián Piñera hasta ahora no ha estado a la altura de las circunstancias y ha escalado, con declaraciones y acciones puntuales, hacia un territorio de descontrol e incertidumbre.
Aún así, urge construir un país sin etiquetas, tolerante, inclusivo y sin privilegios. Hoy se hace necesario articular un verdadero diálogo social y generoso que estabilice la estructura ética, moral y los cimientos jurídicos (basados en la Constitución) del país. Tenemos el desafío de mejorar nuestra sociedad y como Colegio decimos presente desde nuestros distintos lugares de trabajo.
Lamentablemente en los medios tradicionales gobierna el oficialismo, y en las redes se mezclan las noticias falsas con las verdaderas. Este cerco comunicacional desvía el foco del tema de fondo que es el generalizado descontento ciudadano por las injusticias y desigualdades del país.
En tanto, todavía Chile adolece de una Ley de prensa que asegure pluralidad y parcialidad en la entrega de informaciones. Esa lucha histórica y olvidada por la clase dirigente del país -en todos los gobiernos desde el retorno a la democracia-, explota hoy, principalmente en la televisión, con una clara tendencia a un enfoque aparatoso y sensacionalista y que define el sentido de la noticia en una mercadería de consumo redactada a la necesidad del cliente.
¿Qué pasaría si la justicia tuviera que financiarse bajo las reglas de la publicidad? En nuestro país todos los medios grandes son privados y la televisión estatal se rige a través de las reglas de la publicidad.
Desde esta premisa, hacemos un llamado a profundizar el análisis histórico y político, en su contexto nacional y Latinoamericano, dando cuenta del origen y sentido del estallido social que hoy vive el país, con el fin de no invisibilizar la demanda, en beneficio de la rentabilidad económica que da el hecho de espectacularizar las informaciones y así poder cumplir verdaderamente con nuestra misión de comunicar empatía social. Todo bajo la premisa de colaborar en la construcción de una mejor comunidad, a partir del bienestar colectivo y no individual.
En este contexto, creemos que los estados de excepción no ayudan, sino que, muy por el contrario, son la cortina que cierra el diálogo y abre el camino a dictaduras y doctrinas que simplifican argumentos, ven de enemigos a ciudadanos y demandas, justificando y promoviendo violencia.
Nos resistimos a una forma de gobierno que enfrenta los problemas, confundiendo la reacción frente a la inequidad con “simple delincuencia”, violentando nuestra cotidianidad con fuerzas armadas que sostenemos económicamente, pese a sus irregularidades y privilegios.
El Gobierno del Presidente Sebastián Piñera hasta ahora no ha estado a la altura de las circunstancias y ha escalado, con declaraciones y acciones puntuales, hacia un territorio de descontrol e incertidumbre.
Aún así, urge construir un país sin etiquetas, tolerante, inclusivo y sin privilegios. Hoy se hace necesario articular un verdadero diálogo social y generoso que estabilice la estructura ética, moral y los cimientos jurídicos (basados en la Constitución) del país. Tenemos el desafío de mejorar nuestra sociedad y como Colegio decimos presente desde nuestros distintos lugares de trabajo.
Lamentablemente en los medios tradicionales gobierna el oficialismo, y en las redes se mezclan las noticias falsas con las verdaderas. Este cerco comunicacional desvía el foco del tema de fondo que es el generalizado descontento ciudadano por las injusticias y desigualdades del país.
En tanto, todavía Chile adolece de una Ley de prensa que asegure pluralidad y parcialidad en la entrega de informaciones. Esa lucha histórica y olvidada por la clase dirigente del país -en todos los gobiernos desde el retorno a la democracia-, explota hoy, principalmente en la televisión, con una clara tendencia a un enfoque aparatoso y sensacionalista y que define el sentido de la noticia en una mercadería de consumo redactada a la necesidad del cliente.
¿Qué pasaría si la justicia tuviera que financiarse bajo las reglas de la publicidad? En nuestro país todos los medios grandes son privados y la televisión estatal se rige a través de las reglas de la publicidad.
Desde esta premisa, hacemos un llamado a profundizar el análisis histórico y político, en su contexto nacional y Latinoamericano, dando cuenta del origen y sentido del estallido social que hoy vive el país, con el fin de no invisibilizar la demanda, en beneficio de la rentabilidad económica que da el hecho de espectacularizar las informaciones y así poder cumplir verdaderamente con nuestra misión de comunicar empatía social. Todo bajo la premisa de colaborar en la construcción de una mejor comunidad, a partir del bienestar colectivo y no individual.
