La mesa directiva del Consejo Regional Iquique del Colegio de Periodistas de Chile declara ante la opinión pública su malestar y total rechazo a la denuncia temeraria presentada por el Ejecutivo ante la fiscalía contra el periodista Nicolás Candel, luego que el pasado 13 de abril, el profesional informara a través de un tweet un eventual delito de cohecho en el Consejo Regional (Core), luego que este organismo aprobara financiamiento complementario al proyecto de un municipio, y que corresponde a la remodelación de la plaza de armas de Pozo Almonte.
La información publicada por el periodista fue entregada por el consejero regional Rubén López en la 16ª sesión del Core, ocasión en que reconoció haber “comentado el hecho” al periodista tras escuchar el día anterior unas grabaciones al respecto, señalando que sólo le indicó que hubo “acuerdos”.
Sin embargo, nos llama profundamente la atención que aclarado el hecho de quien dio a conocer esta información al periodista; y ante la solicitud del Core para que el Ejecutivo interpusiera una denuncia para que se investigue un eventual delito de cohecho mediante el oficio Nº 617, el Ejecutivo –representado por el Intendente Regional- haya decidido interponer una denuncia temeraria contra el periodista por divulgar dicha información, vulnerando con ello el derecho a informar.
Como Colegio de Periodistas declaramos que los periodistas estamos al servicio de la sociedad, los principios democráticos y los Derechos Humanos; y toda información es un “bien social” y no un producto. Por lo mismo, la verdad está por sobre los cargos políticos; y en este caso en particular, creemos que se ha desvirtuado el foco de lo realmente importante, que corresponde a que la Fiscalía investigue si hubo o no un delito de cohecho, si hubo consejeros regionales que recibieron soborno para favorecer el mencionado proyecto y si existen las grabaciones que el propio consejero regional Rubén López señaló que daban cuenta de estos supuestos acuerdos.
Ante ello, rechazamos cualquier intento de presión, manipulación o falseamiento de cualquier estamento para desvirtuar la labor periodística; y más aún para enjuiciar a un profesional por dar a conocer una situación que debe ser investigada acuciosamente por la Fiscalía, para llegar a la verdad de los hechos y que toda la comunidad tiene el derecho de conocer e informarse a cabalidad.
Por último, emplazamos al Consejo Regional a pedir disculpas al periodista por tratarlo de mentiroso; y advertirles que la reserva de la fuente informativa es un derecho del ejercicio periodístico, consagrado en el artículo 7º de la Ley de Prensa; lo cual es un deber y una premisa básica del periodismo en democracia.
La información publicada por el periodista fue entregada por el consejero regional Rubén López en la 16ª sesión del Core, ocasión en que reconoció haber “comentado el hecho” al periodista tras escuchar el día anterior unas grabaciones al respecto, señalando que sólo le indicó que hubo “acuerdos”.
Sin embargo, nos llama profundamente la atención que aclarado el hecho de quien dio a conocer esta información al periodista; y ante la solicitud del Core para que el Ejecutivo interpusiera una denuncia para que se investigue un eventual delito de cohecho mediante el oficio Nº 617, el Ejecutivo –representado por el Intendente Regional- haya decidido interponer una denuncia temeraria contra el periodista por divulgar dicha información, vulnerando con ello el derecho a informar.
Como Colegio de Periodistas declaramos que los periodistas estamos al servicio de la sociedad, los principios democráticos y los Derechos Humanos; y toda información es un “bien social” y no un producto. Por lo mismo, la verdad está por sobre los cargos políticos; y en este caso en particular, creemos que se ha desvirtuado el foco de lo realmente importante, que corresponde a que la Fiscalía investigue si hubo o no un delito de cohecho, si hubo consejeros regionales que recibieron soborno para favorecer el mencionado proyecto y si existen las grabaciones que el propio consejero regional Rubén López señaló que daban cuenta de estos supuestos acuerdos.
Ante ello, rechazamos cualquier intento de presión, manipulación o falseamiento de cualquier estamento para desvirtuar la labor periodística; y más aún para enjuiciar a un profesional por dar a conocer una situación que debe ser investigada acuciosamente por la Fiscalía, para llegar a la verdad de los hechos y que toda la comunidad tiene el derecho de conocer e informarse a cabalidad.
Por último, emplazamos al Consejo Regional a pedir disculpas al periodista por tratarlo de mentiroso; y advertirles que la reserva de la fuente informativa es un derecho del ejercicio periodístico, consagrado en el artículo 7º de la Ley de Prensa; lo cual es un deber y una premisa básica del periodismo en democracia.
