El Consejo Coquimbo del Colegio de Periodistas quiere manifestar su absoluto rechazo ante las declaraciones expresadas a través de prensa escrita y radioemisoras por el Gobernador del Limarí, Darío Molina Sanhueza; en las cuales alude directamente a un colega perteneciente a este cuerpo colegiado, refiriéndose a él como “personal político atornillado” y “…lo peor es que muchos de ellos esperan ser indemnizados, es decir que el Estado los tenga que destituir de su cargo y pagarles la indemnización. Lo que encuentro bastante lamentable, porque la plata del Estado es para resolver problemas de las personas más vulnerables. Cada peso que uno quita al Estado, no se lo está quitando a los ricos, se la está quitando al que está esperando el bono para el riego, el criancero, al pescador de la caleta, ellos son los perjudicados” (Diario El Ovallino, 21 de marzo de 2018, página N° 3).
Respecto a estas afirmaciones de la autoridad el Consejo Coquimbo del Colegio de Periodistas manifiesta:
1.- Junto con considerar desafortunadas las declaraciones del Gobernador del Limarí, tenemos la convicción que representan una denostación pública al ejercicio de nuestra profesión y un ataque personal a un colega, quien como todo funcionario público merece respeto por la labor que desempeña, especialmente de una autoridad.
2.- En relación a las declaraciones que refiere a las “funciones de un periodista para las comunicaciones directas” las cuales según el jefe provincial “deben estar acordes al programa de gobierno”, este cuerpo colegiado recuerda que en los dictámenes emitidos por la Contraloría General de la República (incluso en el último del 2 de marzo de 2018), especifica claramente los roles que corresponden al personal de confianza (jefes de gabinete y asesores directos), y de los cuáles el rol de periodista queda excluido.
3.- Consideramos que resulta particularmente grave que el Gobernador de Limarí se refiera con menosprecio a derechos inalienables de un trabajador o trabajadora, como el derecho al trabajo y la no discriminación, que incluso están consagrados en el Convenio N° 111 que suscribió nuestro país con la OIT, y que en su Artículo 1 señala como Discriminación “cualquier distinción, exclusión o preferencia basada en motivos de raza, color, sexo, religión, opinión política, ascendencia nacional u origen social que tenga por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo y la ocupación”.
4.- También nos preocupa que la autoridad manifieste su disconformidad con otro de los derechos del trabajador/a plasmados en el Estatuto Administrativo y el Código del Trabajo respecto a la indemnización por término anticipado de contrato, lo que contraviene la legislación vigente, y que intenta comparar con las necesidades de la comunidad. Es atingente recordar al señor Molina Sanhueza, que no se puede contravenir la aplicación de políticas públicas con derechos laborales adquiridos.
5.- Exigimos respeto con los derechos de periodistas que se desempeñan en las instituciones del Estado con contrato laboral vigente. Esperamos a futuro que los actos administrativos relacionados a periodistas en el ejercicio de sus funciones sean tratados en el ámbito interno de la institución sin menoscabo alguno, evitando hechos inéditos y reprensibles como lo sucedido en la Gobernación de Limarí.
6. Por último solidarizamos con nuestro colega y a la vez instamos a todos nuestros socios y socias acudir a nuestra orden profesional toda vez que requieran apoyo y orientación respecto a temáticas laborales y/o del quehacer propio de nuestra profesión.
CONSEJO REGIONAL COQUIMBO –COLEGIO DE PERIODISTAS DE CHILE
La Serena 22 de marzo de 2018
