por Javiera Olivares Mardones
Presidenta
Colegio de Periodistas de Chile
publicada el 10/07/2017 en El Mostrador
El anuncio del arribo a Chile del denominado “Bus de la Libertad” ha reabierto en nuestro país el debate histórico en torno a los derechos asociados a la expresión, comunicación y sus posibles límites.
Este cuestionado bus, perteneciente a la organización católica radical CitizenGO y a la organización “Hazte Oír”, ya circuló por calles de Estados Unidos, España, Colombia y México, con mensajes como “los niños tienen pene, las niñas tienen vulva; que no te engañen” o "si naces hombre, eres hombre; si eres mujer, seguirás siéndolo”, polémicas frases que lo llevaron a ser prohibido en ciudades como Nueva York y Madrid.
Hoy, cuando el bus inicia su circulación en nuestro país, el Relator Especial para la Libertad de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Edison Lanza, presentará los resultados del informe de su visita a Chile el año pasado. En ese contexto surgen algunas preguntas, como: ¿es suficientemente intolerable el mensaje el bus para paralizar la campaña ambulante?; ¿cuán “permisibles” son este tipo de manifestaciones en el marco del debate sobre los derechos asociados a la libertad de expresión?
Si hubiera que revisar los principios establecidos por los organismos de Derechos Humanos del mundo, en todos los casos, los derechos asociados a la comunicación y libre expresión se entienden como básicos e inalienables; pilares esenciales de una democracia plena. Sin embargo, esta garantía, fundamental para la deliberación popular y para la formación de opinión diversa, amplia y plural, no exime de responsabilidad a quienes propagan discursos de odio ni puede avalar incitaciones a la discriminación, por raza, nacionalidad, religión, condición sexual, ni de ningún tipo.
Con toda certeza, la iniciativa de CitizenGO no solo es errada desde el punto de vista científico (la transexualidad es una discordancia entre la identidad de género y el sexo biológico, reconocida por la comunidad científica), sino también contribuye al rechazo –en ocasiones muy violento– al que se enfrentan, cada día, las personas trans, en especial las niñas y los niños.
Las tasas de suicidio de personas transexuales son alarmantes y pueden evidenciar los profundos efectos sicológicos asociados a una discriminación brutal, además de experiencias de agresión y rechazo.
Tal como en toda democracia no debe existir censura previa, tampoco debe entenderse el derecho a la libertad de expresión como excusa para fomentar discursos intolerantes que puedan convertirse en incitaciones al odio de determinadas comunidades, conductas que colisionan con valores propios de las sociedades democráticas y que afectan garantías básicas, como la dignidad esencial de toda persona.
Más que prohibir el mentado bus, el llamado debe ser a abrir un debate serio acerca de este tipo de manifestaciones de tinte fascista y rechazar con fuerza la intolerancia y la exclusión que promueven. En ese sentido la invitación es clara: las organizaciones democráticas que buscamos defender el ejercicio de una libertad de expresión responsable y una democracia diversa, hemos de construir un repudio social tal, que obligue a los sectores ultraconservadores a retroceder.
En ello, los medios de comunicación tienen una responsabilidad central, a la hora de abrir amplios espacios a los discursos y argumentos que confrontan la intolerancia y buscan romper con discriminaciones, caricaturas y prejuicios.
El Chile de hoy avanza hacia una construcción democrática capaz de garantizar derechos históricamente cercenados por el modelo neoliberal, para construir una perspectiva de inclusión y equidad, no justamente lo contrario. He de esperarse que, frente a este repudio, las organizaciones ultraconservadoras que están detrás de esta iniciativa, desistan de su cometido y eviten promover un discurso dañino para la democracia.
