- Colegio de Periodistas por caso de radio Madipro de Villa O’Higgins.
- Vecina y presidenta de la Agrupación Río Pascua arriesga 3 años y un día de cárcel por la operación de la radio comunitaria, con más de tres década comunicando a la población de esa austral localidad.
- La formalización se llevará a efecto el 28 de marzo próximo.
El Colegio de
Periodistas de Chile llamó al gobierno “a
cumplir con los estándares internacionales y respaldar un camino legislativo que
erradique la posibilidad de que un ciudadano y ciudadana pueda ir a la cárcel
por ejercer un derecho tan básico como expresarse a través de un medio de
comunicación”.
Esto, a raíz
de la formalización que el 28 de marzo afectará a una vecina de la aislada
localidad de Villa O’Higgins, en el extremo sur del Camino Longitudinal
Austral, producto de la operación de una radio comunitaria sin contar con
concesión. Yaline Riveros,
presidenta de la Agrupación Río Pascua, se expone a tres años y un día de
presidio, según instituye el artículo 36 B letra A de la Ley General de
Telecomunicaciones, por la operación de la radio Madipro de la localidad.
“Nos parece insólito que el gobierno, a
través de un funcionario de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, esté
apelando a una normativa que en múltiples informes de la Relatoría para la
Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se ha
demostrado es incompatible con tratados internacionales suscritos por Chile”
indicaron desde la organización. “Una norma
que, aunque se ha dicho lo contrario, no fue instituida durante la dictadura
sino en 1991 a través de la ley 19.091 por presiones de la Asociación de
Radiodifusores de Chile y que se sustentó en el articulado discutido por la
Junta Militar en la etapa previa a la promulgación de la Ley de
Telecomunicaciones en 1982” señalaron.
“Respaldamos el pronunciamiento crítico que
ha hecho al respecto el Consejo Regional Aysén del colegio, más aún cuando con
esta medida se intenta acallar una emisora que durante más de tres décadas ha
comunicado y servido de expresión a ese alejado poblado” puntualizaron,
agregando que “es vergonzoso que en Chile
una vecina pueda ir a la cárcel simplemente por comunicar a su comunidad”.
En este
sentido pidieron al gobierno dar prioridad a los cambios que expertos en
derechos humanos junto a organizaciones de la sociedad han propuesto para
terminar con la criminalización de las radios comunitarias, eliminando la pena
de presidio para quienes operen una radio comunitaria sin autorización.
