Como un “positivo indicio político” calificó Javiera Olivares, presidenta del Colegio de Periodistas, las observaciones preliminares que realizó el Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Edison Lanza, en su visita oficial a Chile, entre el 31 de mayo y el 4 de junio, en la que evaluó la situación del derecho a la libertad de expresión en el país.
Para la dirigenta, la visita de la Relatoría constituye un logro de muchos sectores políticos, académicos y sindicales que quisieron insistir en la urgencia de dar este debate y en la necesidad de que el Relator, luego de 12 años de ausencia, visitara oficialmente nuestro país: “Sectores liberales han insistido en mostrar a Chile como uno de los países que ostenta los mejores índices de libertad de expresión, derecho a la información y comunicación de la ciudadanía en la región. Esta visita evidencia justamente lo contrario, indicando una serie de problemas que atentan contra esta garantía básica, siendo una de las principales la concentración de la propiedad”.
Las observaciones preliminares, a la espera del informe completo que será publicado a fin de año, demuestran preocupación por parte de Lanza respecto de la situación actual de la prensa en Chile, que involucra la presencia de oligopolios mediáticos, el mantenimiento de penas corporales a faltas asociadas al ejercicio periodístico y la existencia de normativas que impactan negativamente en el acceso a la información y la libertad de expresión que, según señala, constituyen “herencias de las doctrinas autoritarias del pasado y del proceso de transición, cuya permanencia ha perdido sentido en el actual desarrollo democrático".
Sobre la tenencia de la propiedad de medios, el relator fue enfático: “existe una concentración excesiva en la propiedad y control de los medios de comunicación, en manos de un reducido número de grupos económicos y las consecuencias de este fenómeno en el pluralismo informativo”.
Diagnóstico que para Javiera Olivares, reafirma una demanda histórica del gremio, que ha advertido y denunciado la presencia de una situación oligopólica y duopólica (en el caso de la prensa escrita) de la propiedad de los medios escritos, radiales y televisivos, que tiene además su correlato en el campo editorial. “Que esto lo establezca un tribunal internacional con esta claridad es un tremendo avance, porque junto con denunciarlo, se plantea inmediatamente la propuesta de que existan leyes antimonopólicas que regulen esta situación, que daña un derecho humano. Las observaciones preliminares de Edison Lanza constituyen un avance en la discusión sobre el panorama de medios en Chile”.
El documento también hace referencia a temas como el fin a la persecución de las radios comunitarias, que en la actualidad no cuentan con leyes que protejan su creación y radiodifusión; el fin de las penas corporales en delitos asociados a la libertad de expresión, la represión de los organismos estatales a las manifestaciones de la ciudadanía, entre otros. “En este sentido, se instala la necesidad de generar un debate libre y diverso, que asegure el fortalecimiento de un sistema de medios plural que consigan alojar Chile, en plataformas mediales públicas, privadas y comunitarias”.
Si bien la presidenta de la entidad denuncia que aún no existe una voluntad declarada del Estado para avanzar en políticas públicas sobre esta materia, sí reconoce en la invitación oficial al Relator, un avance. Del discurso sobre la mejor política comunicacional es la no política -lo que terminó entregando el derecho a la libre expresión al mercado- hemos pasado a la comprensión, por parte de algunos sectores progresistas, de que es necesario hacer reformas en el sistema de comunicación para avanzar en otras reformas de la democracia. Sin embargo, esta voluntad está en disputa; pues aún se mantienen sectores retardatarios que temen enfrentar este debate, por eso debemos continuar denunciando e insistiendo en una mejor regulación”.
