En alusión a
respuesta de la Fiscalía Nacional Económica a su solicitud de estudios al
respecto.
Mediante una carta dirigida a la
Mesa Directiva del Colegio de Periodistas, la Fiscalía Nacional Económica (FNE)
dio a entender a la organización que la realización de estudios sobre
concentración mediática en Chile no está dentro de sus prioridades inmediatas. En opinión de la organización, esta respuesta
demostraría que existen organismos del Estado que no tienen aún claridad sobre
la urgencia que esta materia reviste tanto para el avance hacia una sociedad
democrática como para, incluso, el mercado de los medios de comunicación.
La misiva fue despachada en
respuesta a un requerimiento formal del colegio y en esta el fiscal Felipe
Irarrázabal, a través de su jefa de Relacionales Institucionales, respondió que la realización de un informe “podría ser considerada en futuros estudios
que se realicen”. Para acto seguido
agregar que esto estará condicionado “las
prioridades que se establezcan entre los distintos temas, que pueden ser objeto
de esta reciente atribución de la FNE, así como la disponibilidad de recursos,
tanto humanos como económicos”.
Para la presidenta de la orden,
Javiera Olivares, el documento “nos hace
notar que existen ciertas autoridades del Estado que no han llegado a la
convicción de que la concentración en el sector de los medios de comunicación
atenta contra la democracia chilena y para este fundamental sector económico”. En este sentido, indicó que “desgraciadamente, la elaboración de este
tipo de estudios depende de la voluntad de la autoridad y aquí vemos que no
existe, lo que incide en las posibilidades reales de, primero, diagnosticar y
luego, regular, el poder que ciertos grupos económicos y mediáticos tienen
sobre lo que lee, ve o escucha la gran mayoría de la población que se informa
fundamentalmente a través de los medios tradicionales”.
Fue el 23 de junio cuando la directiva nacional del
Colegio de Periodistas sostuvo una reunión con Irarrázabal, donde se
comprometieron a hacer la solicitud formal, relativa a la elaboración de un
estudio que indague en la concentración económica, desde la perspectiva de la
integración vertical y horizontal.
En esa ocasión, los dirigentes
entregaron diversos antecedentes al fiscal nacional, entre los que se cuentan
estudios e informes internacionales, junto a la denuncia que el Colegio de
Periodistas realizó en 2015 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH) de la OEA, sobre la tendencia a la concentración de la propiedad
mediática en Chile y su afectación a la garantía del derecho humano a la
información.
En este sentido, desde la
organización indicaron que esta falta de interés de la FNE no se hace cargo de
las recientes observaciones del Relator Especial para la Libertad de Expresión
de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Edison Lanza, que demuestran
que el panorama oligopólico de la prensa en Chile es preocupante: “Existe una concentración excesiva en la
propiedad y control de los medios de comunicación en manos de un reducido
número de grupos económicos y las consecuencias de este fenómeno en el
pluralismo informativo”.
En sus indicaciones preliminares al
informe definitivo de la relatoría (que entregará a fin de año), Lanza advierte
que “los monopolios u oligopolios en la
propiedad y control de los medios de comunicación deben estar sujetos a leyes
antimonopólicas por cuanto conspiran contra la democracia al restringir la
pluralidad y diversidad que asegura el pleno ejercicio del derecho a la
información de los ciudadanos”.
La preocupación del Colegio de
Periodistas en dar urgencia a la revisión de estos temas se ve reforzada con
una serie de acciones que ha levantado la organización, en la búsqueda de dar
solución a demandas históricas. En esta línea, se plantea apelar a distintas
organizaciones públicas y gubernamentales sobre temas de derecho a la información,
concentración de la propiedad mediática y libertad de expresión, con miras a la
creación de una Ley de Medios que asegure una regulación sobre la tenencia de
la propiedad de los medios de comunicación, garantizando en la Constitución la
figura del Derecho a la Comunicación.
