La nueva Constitución debe consagrar como valores y principios fundamentales del país la democracia, la probidad, la igualdad, el cuidado y resguardo del medioambiente y la pluriculturalidad, tanto como la descentralización y la búsqueda del bien común.
Este es el consenso alcanzado ayer durante una jornada de reflexión que organizó el Colegio de Periodistas de Magallanes, en la cual profesionales del área protagonizaron un interesante y nutrido debate e intercambio de ideas respecto de los aspectos esenciales que tiene que contener y garantizar la futura Carta Fundamental de Chile.
En cuanto a los valores y principios que tienen que ser el marco y sustento de la convivencia nacional, los asistentes reflexionaron sobre cuán necesario es introducir en forma explícita el imperativo de la probidad como algo que antes se daba como subentendido en el ejercicio público y privado, pero que no ha sido así según lo revelan los hechos escandalosos que han salido a la luz y que cruzan todo el espectro político, económico, social, empresarial y eclesial.
También hubo una profunda reflexión sobre aspectos como la justicia y la solidaridad y se debatió respecto de si es o no oportuno dejar explicitada la igualdad de género, no existiendo una opinión unánime en tales temas.
En lo que sí hubo consenso fue en que la libertad de expresión y la libertad de información tienen que quedar consagradas como derechos fundamentales, en cuanto son el sustento de toda democracia y juegan un rol social relevante en términos de control de los poderes y entregar herramientas para que cada ciudadano forme su propia opinión y actúe de manera libre e informada.
Ligado a esto, en el capítulo sobre las instituciones que debe contener y delimitar en sus atribuciones y funciones, hubo una propuesta para pedir que se establezca un sistema público de medios de comunicación, que permita garantizar el pluralismo y morigerar la concentración de la propiedad de los medios.
También se convino que deben agregarse como derechos fundamentales la salud, la educación de calidad y la vivienda digna, entendidos éstos como haberes mínimos que se tienen que garantizar a todos los habitantes del país, independiente del poder adquisitivo que logren obtener fruto de su esfuerzo y las oportunidades.
En el capítulo de deberes y responsabilidades, la promoción de los derechos humanos encabezó la lista, seguido por el respeto a la Constitución y protección tanto del medioambiente como del patrimonio histórico y cultural.
También interesante fue constatar que se generó un acuerdo en cuanto a mantener la inscripción automática en los registros electorales, pero restablecer la obligatoriedad del voto.
Publicada el 12 de junio de 2016 en La Prensa Austral.
