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Pero así como el florido debate ha arrojado insumos periodísticos interesantes, ha sido casi surreal –al menos para quienes llevamos años analizando este tema– el ver cómo aparecidos personajes manosean con ligereza y oportunismo el concepto del derecho a la libre expresión.
Como si fuera un trofeo político, hoy connotados líderes se pelean por aparecer en titulares vociferando en favor de la libertad de expresarse y contra cualquier tipo de sanción a la prensa o incluso contra la criminalización del periodismo, pintoresca frase que usó la ex vocera Cecilia Pérez en un programa de debate de domingo. Casi como un #JeSuiCharlie, las palabras en defensa al tipo #YoSoyQuePasa se han convertido en propuesta hegemónica, donde cualquier atisbo de distingo –hasta hace muy poco– era interpretado como un rechazo al libre ejercicio del periodismo, una defensa soterrada a la Presidenta en ejercicio o, peor aún, un oprobio al derecho a expresarse.
Pero la cuestión es simple. Lo primero que ha de aclararse es que la libertad de expresión es un derecho colectivo, que le pertenece a la ciudadanía toda y no solo a los periodistas, quienes con nuestro trabajo hemos de cumplir el rol social de hacer de puentes para coadyuvar al ejercicio de ese derecho.
Señalado eso, el cuidado de esta garantía ha de tener siempre, como último objetivo, proteger el bien común y no, particularmente, los intereses de determinados holdings mediáticos. En ese sentido, para quienes defendemos este principio, siempre es necesario realizar el análisis sobre eventuales colisiones de derechos o acerca del ejercicio ético de la profesión. Cuestión distinta es la perspectiva crítica que se debe hacer de la legislación chilena que mantiene en su ordenamiento jurídico (específicamente en la ley 19.733 con alusiones al Código Penal) penas corporales para las faltas asociadas a injurias o calumnias. Es esa figura la que hoy pone en riesgo de penas de cárcel a los periodistas querellados.
Pero el actual debate también ha develado el profundo clasismo que hay no solo en la sociedad chilena, sino también en el discurso forzoso de las grandes cadenas de medios de comunicación masiva. Resulta increíble, hipócrita, observar cómo la agenda ha sido copada por la supuesta preocupación en torno a la afectación que generaría la interposición de una querella cuyo fallo podría afectar a miembros de un medio masivo y tan poderoso, como aquel en que su propietario es a la vez controlador de uno de los grupos económicos más importantes del país que, además de Copesa, cuenta con el cuarto banco más importante de Chile.
Lo cierto es que la persecución penal de periodistas no es una figura novedosa. Apenas en octubre del año pasado el Colegio de Periodistas junto a los directores del diario El Ciudadano, denunciaron al Estado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por la condena de cárcel para los directores del semanario a raíz de la publicación, en 2013, de un artículo sobre el ex diputado Miodrag Marinovic, el cual fue calificado por el Tercer Juzgado de Garantía de Santiago como injurioso. Gracias a la irreprochable conducta anterior de los profesionales, estos quedaron firmando en Gendarmería por 18 meses. Para ese entonces, ningún adalid de la libertad de expresión rechazó la pena de cárcel, tampoco la noticia fue portada de los matutinos. Claro, esa vez, el medio en cuestión era considerablemente más pobre.
Como si ello fuera poco, en estos días, se han atrevido a hacer impolutas defensas a la libre expresión sus más viejos opositores. El ex Presidente Sebastián Piñera –que hoy asegura ser un defensor de este derecho– conoció durante su mandato los cerca de 50 casos de detenciones, maltratos y golpes a periodistas, camarógrafos, reporteros gráficos, entre otros, que organizaciones sindicales y el Colegio de Periodistas denunciaron.
Si bien esta no era una práctica novedosa, pues se venía produciendo desde los gobiernos de la Concertación –que cargan con el emblemático caso del fotógrafo Víctor Salas, que perdió un ojo a golpes de carabineros–, las movilizaciones estudiantiles y socioambientales de 2011 marcaron un hito de persecución a los trabajadores de la prensa.
Peor aún, fue durante el Gobierno de Sebastián Piñera que se tomó prácticamente la única decisión que ha provenido del poder político en materia de comunicaciones desde el fin de la dictadura y que culminó privatizando el único medio público impreso de Chile desde 1917, despidiendo a sus decenas de periodistas y trabajadores. En 2014, un 99,4% de la propiedad del diario La Nación fue vendido por 320 millones de pesos a un privado, consolidándose el duopolio mediático que mantienen El Mercurio y La Tercera, ambos de orientación ideológica similar.
Ese día, en medio de una manifestación pacífica para evitar la venta del diario La Nación, ocho periodistas fuimos detenidos en el desalojo y llevados a la Cuarta Comisaría de Santiago. No sería lo único a empeorar: si los gobiernos concertacionistas dejaron morir a todos aquellos medios de comunicación que habían sido la voz crítica de la dictadura, la administración Piñera amparó el crecimiento de los grupos económicos Saieh, Luksic y Bethia, todos con intereses tanto en holdings de medios de comunicación como en industrias de retail, del sector inmobiliario y de la banca. También permitió el ingreso y/o fortalecimiento de capitales extranjeros, como Time Warner(CHV) e Iberoamerican Radio.
Entonces, es válido preguntarse: ¿cuál es la libertad de expresión que hoy se defiende? Si por voluntad política todavía nos posicionamos en uno de los tristes primeros lugares en los rankings de concentración de la propiedad de los medios de comunicación de América Latina, que dan para Chile cerca de un 90%.
El escenario es sintomático: un férreo duopolio de medios impresos, un oligopolio de estaciones televisivas con capitales extranjeros y concesiones hasta hace poco indefinidas y un 45% del mercado radial concentrado en manos de un conglomerado trasnacional. Por cierto, no existe regulación alguna contra la concentración de la propiedad, salvo la regulación de monopolios estatales prohibidos en la Constitución dictatorial de 1980. Absurda preocupación, pues Chile no posee medios de carácter público, salvo Televisión Nacional, cuyas instalaciones, si bien pertenecen al Estado, tienen su financiamiento que es privado por ley, al igual que cualquier canal comercial.
En Chile, tal como ocurrió con muchos otros derechos universales, como el derecho a la educación pública o la salud, el derecho humano a la información ha funcionado bajo las condiciones del mercado y tanto la sociedad civil como el Estado han tenido escasa participación, desde que la perdieron en plena dictadura. Ese es el peor atentado a la libre expresión que vivimos, naturalmente, día a día. ¿Quién denuncia eso?
En ese escenario, resulta lamentable el intento inicial de castrar este debate a propósito de la sonada querella presentada por la Presidenta Michelle Bachelet. Lamentable esa idea de instalar a todos quienes pusieron este eje de análisis como contrarios a la defensa del periodismo, de la libre expresión o defensores irrestrictos de La Moneda. Como Colegio de Periodistas hemos tenido una vocación unívoca de proteger la garantía de libertad de expresión en su amplia magnitud y como derecho colectivo, pero no como un absoluto, sino como la vocación de un periodismo responsable, plural y diverso, cuyo escenario ideal debe contar con regulaciones especiales para los medios que permitan regular la concentración de la propiedad en manos privadas y estatales.
Por eso hemos insistido en la urgencia de eliminar de la legislación chilena las leyes que establecen penas corporales para infracciones vinculadas con la libertad de expresión; promover la recuperación de la tuición ética de los colegios profesionales y la urgente iniciativa de leyes antimonopólicas que permitan confrontar la altísima concentración mediática, verdadero poder en ciernes que construye y deconstruye la subjetividad de este pueblo.
