Ambos hechos
se configuran como históricos para el debate sobre medios de comunicación y
democracia, pues ponen el quid del asunto sobre la mesa: el necesario examen
del sistema medial chileno por su escaso pluralismo y altísima concentración en
manos privadas, sumado a la urgente reflexión sobre el rol del Estado en
materia de medios públicos. Sin embargo,
es muy posible que ninguno de los dos asuntos sea noticia de portada esta
semana.
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| Archivo www.biobiochile.cl |
Muy por el contrario, es altamente factible que sigamos viendo titulares del simpático y pueril debate acerca del “millonario aporte” del Estado a TVN o de la errada “capitalización” (la primera en 25 años y que nada tiene que ver con los dineros de presupuesto del Estado destinados a otras inversiones sociales), como si fueran el trasfondo del problema político. Tan atractiva es la discusión para varios, que la Fundación del ex Presidente Piñera, Avanza Chile, lanzó críticas rimbombantes sobre la indicación del Ejecutivo por levantar “serias dudas” y no “no mencionar mecanismos que permitan establecer metas de gestión que apunten a revertir las pérdidas o lograr un canal financieramente sustentable”, dice el informe de la fundación.
Lo surrealista
de este debate es la insistencia de la derecha y de algunos sectores
conservadores de la Nueva Mayoría en resistirse a asumir las definiciones que todos
los organismos internaciones de derechos humanos tienen sobre el punto. Ellos
entregan a los Estados el deber de garantizar diversidad y fortalecer los
medios públicos, eximiéndolos de regirse bajo las condiciones del mercado.
Efectivamente, la vocación principal de los medios de propiedad del Estado –en su misión de educar, informar y
entretener- es visibilizar a todos aquellos actores que componen una sociedad,
en su mayor diversidad, aun cuando éstos no sean “rentables” para el rating. Por
ello, hablar de “revertir las pérdidas” como meta principal de gestión de TVN,
es justamente centrar el debate en el punto equivocado e ir en contra del
concepto de todo medio público, cuya rentabilidad central es cumplir con ser
garante del derecho a la comunicación de un pueblo, con “alojar” la diversidad
de los discursos de un país en su pantalla, micrófono o portada. Esa
rentabilidad no es financiera, es social y democrática, y debe ser el eje
orientador de toda parrilla programática pública. He ahí, la diferencia obvia
que tienen con este paradigma los defensores del modelo de desarrollo
neoliberal, cuyo eje central justamente está determinado por objetivos
lucrativos y rentistas, por eso insiste en igualar la producción de contenidos
informativos y culturales con la producción de cualquier otro bien de consumo y
no con el ejercicio de un derecho que le pertenece al pueblo. Conocemos ya esa
vieja consigna, el Presidente Sebastián Piñera fue muy claro a la hora de decir
que derechos como éste o como la educación son “un bien de consumo” (diario La
Nación, 2012).
Por aún. El
argumento resulta más inverosímil cuando, en el escenario de extrema
concentración mediática en Chile, el dueño de un canal, Andrónico Luksic, –que
además es propietario del banco más importante del país- no sólo decide entrevistarse
a sí mismo y ser titular del noticiero central, sino también inyecta “millonarios
aportes” a su canal todas las veces que estime necesario, sin ser objeto de
ningún tipo de cuestionamiento, pese al evidente conflicto de interés que
aquello conlleva.
Evidentemente
no hay aquí un real interés de impedir aportes de los propietarios a sus medios
de comunicación, sino más bien, de evitar que el Estado incida, evitar que se
distancie de su práctica subsidiaria y asuma una más garantista, con un rol activo
que le permita garantizar el derecho a la comunicación de la ciudadanía. Y en
ese sentido, recoger la urgente necesidad de una política pública en materia de
comunicaciones, que establezca medios públicos fuertes, privados con
regulaciones y diversidad de medios sociales, comunitarios o locales.
Pero
si estos argumentos no bastan, no está demás recordar cómo diversos países de
la región, a través de la aprobación de reformas constitucionales o sendas leyes
de medios, han dado amplias discusiones políticas con objeto de garantizar este
derecho. Más allá de la caricatura ideológica de quienes sindican esos procesos
como chavistas o comunistas, podemos mirar a la siempre bien vista Europa. Miremos
un clásico europeo. La cadena British Broadcasting Corporation (BBC), uno de
los medios públicos más antiguos del mundo, se financia bajo un sistema de
aporte mixto, siendo el canon (un contrato con el Estado) la fuente principal
de ingresos y el resto, bajo diversos refuerzos económicos u otros negocios que
le permiten llevar a cabo sus objetivos de servicio público, como por ejemplo,
la primera actividad comercial que inició en 1923 con el lanzamiento de la
revista Radio Time o través de
subvenciones gubernamentales.
Siendo así, la BBC es considerada
como una “deudora de los ciudadanos
británicos, quienes financian la mayoría de sus actividades y podrían
considerarse sus principales accionistas. El objetivo último de la corporación
británica es servir al público, de ahí que la BBC intente crear programas de
calidad que satisfagan al mayor número de ciudadanos posibles. Sería imposible
realizar este fin sin unas fuentes de ingresos adecuadas a su naturaleza
pública”[1].
Más allá el
detalle de la indicación sustitutiva, que se hará pública esta semana y que
criticaremos en su justa medida, si así es necesario, es interesante conocer la
voluntad del Ejecutivo, que por primera vez se decide a revisar seriamente la
constitución del directorio de TVN (proponiendo confrontar los resabios
binominales y ampliarlo), y abrir camino a una nueva estructura de financiamiento
que permita al canal nacional cumplir con su misión pública. He de esperarse
que las críticas rimbombantes reconozcan lo que indica la tendencia mundial y
equilibren sus propuestas. He de
esperarse también que el debate constituyente y la nueva Constitución refuercen
este análisis en miras de la garantía del derecho universal a la comunicación. Por
último, he de esperarse que la visita del Relator Edison Lanza, permita develar
un exhaustivo análisis de lo que tenemos hoy en materia de medios de
comunicación y su altísima concentración en manos privadas.
[1]
Ojer Goñi, T. (2009) Communication & Society.
Universidad de Navarra. vol. 20. España.
Javiera Olivares
Presidenta Colegio de Periodistas de Chile
Javiera Olivares
Presidenta Colegio de Periodistas de Chile
