· Presidenta de la orden profesional,
Javiera Olivares, participó el sábado 3 de octubre en la actividad convocado
por las organizaciones ciudadanas que integran el Cónclave Social por una nueva
Constitución vía Asamblea Constituyente.
El sábado 3 de octubre se llevó a cabo
una serie de actividades ciudadanas a lo largo del país, convocadas por
diversas organizaciones sociales impulsoras de la Asamblea Constituyente como
mecanismo para una nueva Constitución. De esta forma, y a través de marchas, presentaciones artístico-musicales
y votaciones simbólicas, la amplia gama de organizaciones políticas y sociales
que son parte del Cónclave Social prosiguieron con el trabajo de socialización de
dicha iniciativa, destinada a otorgarle a esta nueva Carta Fundamental la
legitimidad democrática de la que precisamente carece. De esta manera, y
alrededor del mediodía del sábado, distintas organizaciones como la CUT, el
Colegio de Profesores, el movimiento No Alto Maipo, entre otras, junto con
público general, se congregaron en el parque Balmaceda de Santiago para
compartir y crear conciencia respecto de la trascendencia que reviste para la
democracia de nuestro país el debate en torno a este tema, en un acto que
culminó pasadas las 15 horas.
En la ocasión la presidenta del Colegio
de Periodistas, Javiera Olivares, destacó la importancia de la participación de
la orden profesional en la lucha por garantizar el derecho a la comunicación,
dentro de la recuperación de otros derechos sociales esenciales para una
democracia sana y verdadera. “Lo que
nosotros venimos a plantear es que la nueva Constitución, además de contar con
la participación directa del pueblo a través de una Asamblea Constituyente,
debe incorporar el derecho a la comunicación, a la libertad de expresión de la
gente, y eso implica garantizar que exista diversidad de medios, públicos,
comunitarios; que se ponga limite a la concentración de la propiedad de los
medios privados, en fin. Poder garantizar un derecho social que tenemos de
manera colectiva, la posibilidad de que nuestra voz, nuestra opinión, tenga
visibilidad. Como organización de la sociedad civil, la participación del
Colegio de Periodistas en estas instancias demuestra la voluntad que tenemos de
incidir en los debates políticos de nuestra democracia y fortalecer a la
ciudadanía, que ha sido tan golpeada por un modelo que dificulta tanto la
organización social”, expresó.
Respecto de la postergación del inicio
del debate, Olivares fue clara al señalar que “me preocupa menos que el contenido. Lo que yo creo es que hay que poner
mucha atención en cuáles van a ser los anuncios que se van a hacer, y de qué
manera este itinerario constituyente del que se ha hablado, que implica un proceso
de educación cívica, avanza primero a explicar qué es una nueva Constitución y
por qué es necesaria. Y segundo, que se avance a un escenario de discusión
vinculante, en cual nosotros creemos que la Asamblea Constituyente es el mejor
de ellos”. Asimismo, y acerca de la posibilidad de que sea el propio Parlamento
quien defina el diseño temático del escrito, excluyendo en ello a la ciudadanía
para posteriormente someter la propuesta a consulta popular, la presidenta de
la gremial indicó que ello le parecería mal. “El pueblo debe ser el que discuta
el contenido, y eso significa un espacio popular donde esté la gente, pero no
creo que el Parlamento ni una comisión bicameral ni de expertos puedan ser lo
que lo definan. Sería un claro error. Hoy el salto cualitativo de nuestra
democracia puede ser éste, y hay que tomarlo en serio para poder tener
credibilidad en nuestras instituciones, sobre todo ante los escenarios
conocidos que ha habido por corrupción”, señaló.
Dentro de los puntos establecidos por
el Colegio de Periodistas como esenciales para la democratización de las
comunicaciones está el reconocimiento de los medios sociales, comunitarios y/o
sin fines de lucro, como tercer sector junto a los públicos de propiedad
estatal y comerciales con regulaciones anti concentración, de manera de ir
terminando con el sistema actual, poco democrático y limitadamente pluralista.
Así también, la implementación de un subsidio estatal que permita a TVN cumplir
su rol de televisión pública mediante la entrega de contenidos culturales, que
incorporen el pluralismo político, social, de género y de pueblos originarios;
la redistribución de la publicidad estatal, de manera de apoyar la labor de
medios locales, provinciales o regionales; y la definición del espectro
electromagnético como bien público de libre disposición, para garantizar el
espacio que como derecho humano corresponde a la libre expresión e información
de la ciudadanía.
