Por Lidia Baltra
Periodista
Publicado originalmente en Cooperativa
Ayer quedó definitivamente expulsado del Colegio de
Periodistas el presidente de El Mercurio Agustín Edwards Eastman, al vencer el
plazo sin que se presentara apelación al fallo dictado por el tribunal de Etica
del consejo metropolitano a fines de abril.
Era el segundo intento. El primero fue hace catorce años,
cuando Manuel Cabieses, director de Punto Final y consejero del Colegio pidió
la máxima sanción que aplica ese tribunal al revelarse a través del Informe
Church y documentos desclasificados de la CIA el grado de participación que
tuvo Agustín Edwards en el golpe militar que derrocó al Presidente Salvador
Allende.
Esta vez, la demanda la interpuso Javiera Olivares, Presidenta
del Colegio de Periodistas, que en un texto muy fundamentado expone las
razones, entre las cuales está también la conspiración que organizó el
propietario de la empresa El Mercurio en Washington en 1970. Logró que lo
escucharan el jefe de la CIA Richard Helms, entonces, y el secretario de Estado
y Consejero de Seguridad Henry Kissinger, a quienes entregó información acabada
sobre las Fuerzas Armadas y políticas en el país entonces. Incluso se les
consultó si Estados Unidos entregaría apoyo logístico a una acción militar contra
el gobierno del Presidente Allende y, una vez derrocado, si los golpistas
recibirían reconocimiento diplomático de su país.
Hoy existen más documentos con una nueva desclasificación
realizada el año pasado que prueban esos hechos. Todo esto se encuentra en el
completo expediente del fallo de 78 páginas.
Aquella vez, en la demanda de 2001, no se aplicó ninguna
sanción. Los tribunales éticos tanto metropolitano como nacional sobreseyeron a
Edwards en aras de la libertad de conciencia, concediéndole al empresario su
derecho a promover su ideología conservadora y su oposición al gobierno de la
Unidad Popular, aún a costa de una conspiración[1].
Un fallo muy acorde a los tiempos. Pese a que había
transcurrido ya más de una década del regreso a la democracia, las limitaciones
que ésta tuvo por pactos secretos para salir de la oprobiosa dictadura y el
miedo que todavía nos paralizaba contribuyeron a que se fallara según la
doctrina de los acuerdos dominante, que hacía guiños a la derecha en todo orden
de cosas.
Los tiempos cambian y los chilenos hemos avanzado en nuestra
débil democracia. Hoy ya eliminamos el sistema electoral binominal que nos
rigió por décadas, con lo que la derecha ha perdido la fuerza tramposa que tuvo
hasta ahora. También nos atrevemos a castigar a quienes nos sumieron en una
dictadura.
INFRACTOR DE LA ETICA PERIODISTICA
Sin embargo, y pese a que los documentos norteamericanos
comprueban fehacientemente la conspiración realizada por Edwards en las altas
esferas de ese país, primero para que Allende no asumiera y luego para
“desequilibrar” su gobierno, el fallo actual del TRED (Tribunal Regional de
Etica y Disciplina) se basa en materias estrictamente atingentes a faltas
deontológicas.
El juicio se centró en la NO defensa de su medio a las
violaciones a la libertad de expresión cometidas tras el golpe, cuando se
bombardearon y cerraron todos los medios favorables al gobierno
democráticamente electo; ni protegió a periodistas que sufrieron persecución,
prisión, tortura, muerte y exilio, como obliga la Carta de Etica de los periodistas vigente a la
época.
En especial, se refirió al caso de los 119 miristas
desaparecidos, de quienes La Segunda informó que murieron “como ratas” por
rencillas internas. Frente a la querella del hijo de uno de ellos, Ismael Darío
Chávez Lobos, la defensa de Edwards asumida por su abogado Miguel Schweitzer,
ex ministro de Pinochet, negó que su defendido hubiera tenido injerencia en la
línea editorial del diario ni en la cadena de diarios de su empresa cuando ocurrieron
aquellos casos.
Mejor aún, la investigación ética del tribunal del Colegio
de Periodistas que encabezó la fiscal Doris Jiménez se abocó al único caso de
“montaje” periodístico de El Mercurio cuando Edwards ejercía como director
responsable: la publicación del 9 de abril de 1987 donde se acusaba a dos
“jóvenes PC”, destacados con fotografía, de ser instigadores y ejecutores de
los desórdenes promovidos por la oposición a la dictadura durante el acto
masivo pro reconciliación nacional que el Papa Juan Pablo II presidió en el Parque
O¨Higgins durante su visita al país.
DERECHO A REPLICA
Los jóvenes
fueron detenidos, torturados y puestos a disposición de la justicia militar y
posteriormente, liberados de toda culpa, sin que el medio publicara ni media
línea respecto de esta resolución. Luciano Fouilloux, abogado de la Vicaría de
la Solidaridad, se querelló por “injurias y calumnias con publicidad” contra
Edwards, el cual fue encargado reo y con arraigo por un año, resolución
revocada entre gallos y medianoche por el juez Valenzuela Patiño, en medio del
agitado ambiente previo al plebiscito de 1988. Edwards quedó libre de la
encargatoria de reo y poco después,
el 15 de septiembre de ese año, sobreseído por la Corte Suprema.
Los jóvenes en cuestión eran en realidad militantes de la
acción católica y no estuvieron presentes ese día en el parque. Jamás recibieron
una reparación ni de la justicia ni de El Mercurio. A través de su abogado,
Edwards se limitó a decir – no a publicar – que se había tratado de un error y
no de una maniobra para desinformar. Posteriormente, en los descargos al TRED,
rememora el sobreseimiento del Poder Judicial en este caso y pide que el
tribunal ético desestime la demanda contra su defendido por cuanto se trata de
una “cosa juzgada”.
La sanción del TRED
de abril de 2015 que expulsó al periodista colegiado número 88 y con las
cuotas al día, Agustín Edwards Eastman, se basa en su incumplimiento como
director responsable del derecho a réplica de las víctimas Jaña y Barra, sobre cuya
inocencia jamás se publicó una sola línea en El Mercurio. El fallo que lo
expulsa del Colegio de Periodistas lo firman además de la fiscal, Humberto
Zumarán, Pablo Vildósola, Hernán Avalos y Claudio Espinosa. El sancionado tenía de 10 días para
apelar al TRINED (Tribunal Nacional de Etica de la orden profesional), plazo
que se cumplió el miércoles 13 de mayo sin novedades.
Esta sanción moral sería el único castigo que Edwards ha
recibido hasta ahora. Por su responsabilidad en la destrucción de nuestra
democracia durante 17 años, ninguno aún.
[1] La autora presidía el Tribunal Nacional de Etica del
Colegio en ese momento, pero debió inhabilitarme por ser colaboradora y miembro
del club de amigos de Punto Final, la revista del demandante.
