El espectro radioeléctrico es el bien nacional de uso público que
permite la existencia de radio, tv abierta y telecomunicaciones. El marco
regulatorio vigente sobre telecomunicaciones permite transferir una concesión
de espectro radioeléctrico de manera completa, previa autorización de la
SUBTEL, con los mismos derechos y obligaciones que tenía la concesionaria
original.
El Ministro de Transportes y Telecomunicaciones presentó un
proyecto de ley que propone un “mercado secundario de espectro radioeléctrico”,
que permitiría que el recurso ya concesionado pueda ser vendido o sub-arrendado
a otras concesionarias o empresas para aumentar su capacidad espectral. Esto
abriría la posibilidad de
acumular espectro a quien tenga mayor capacidad económica, contradiciendo lo que señala el programa de gobierno con respecto a promover una ley que determine una
“apertura plural del espectro radioeléctrico”. Bajo ninguna
circunstancia la apertura de un mercado secundario podría considerarse como una
apertura plural a las concesiones. A su vez, un aspecto sumamente cuestionable del proyecto es que al momento de
la venta o del sub-arriendo se permitiría darle un uso distinto al bien concesionado
que el previsto originalmente. De esta manera se obstaculizaría una futura
planificación estratégica que asegure el acceso equitativo de diversos sectores
a los usos posibles del espectro (hoy dominado por el sector comercial en todas
las tecnologías).
El proyecto propone que “el derecho de uso del espectro cedido podrá ser destinado a cualquier
uso que permita el Plan General de Uso del Espectro y la normativa técnica aplicable en la especie”. Esta formulación
preocupa dado que abre márgenes de interpretación poco transparentes: en la
actualidad no se conocen otros usos –comerciales- que puedan brindarse, a la
vez que los usos de las diversas bandas de espectro están delimitados por el
Plan de uso del Espectro, ordenamiento que es de atribución del
Ejecutivo. El efecto jurídico del proyecto es delegar en el mercado de
las telecomunicaciones la función reguladora del Estado, cuando es éste quien
debería garantizar que las frecuencias se asignen en función del interés
general y en forma equitativa entre los distintos tipos de prestadores de
servicios de telecomunicaciones. El acceso al espectro -como bien nacional-,
debe ser independiente de los vaivenes del mercado.
En lo que hace a las concesiones de radiodifusión sonora, el
proyecto revalida la re-venta de concesiones de un servicio público
altamente concentrado, cuyo único límite sería -de acuerdo a un informe de la
Fiscalía Nacional Económica- afectar la libre competencia.
No obstante, lo más alarmante del proyecto es lo que omite. La libertad
de expresión se despliega en el espectro radioeléctrico, y el proyecto de ley
no asegura la circulación de las ideas ni del pensamiento, ni tampoco impide
una mayor concentración de concesiones. De este modo no aporta a la mencionada
apertura plural sino que, por el contrario, obstaculiza la entrada de nuevos y
diversos operadores.
La Relatoría especial para la Libertad de Expresión de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su informe anual 2002,
capitulo IV sobre Libertad de expresión y Pobreza, entiende que los Estados en
su función de administradores de las ondas del espectro radioeléctrico deben
asignarlas de acuerdo a criterios democráticos que garanticen igualdad de
oportunidades en el acceso a todos los individuos. Esto precisamente es lo que
establece el Principio 12 de la Declaración de Principios de Libertad de
Expresión
Necesitamos
declarar servicios de interés nacional a la telefonía móvil y estacionaria, a
la TV y la radio y el acceso a Internet; paralelamente, necesitamos un
mercado de servicios convergentes más competitivo, con prestaciones de mayor
calidad y a precios convenientes para los usuarios. Por sobre todo, si
aspiramos a democratizar las comunicaciones, urge una ley con mirada
antimonopólica, que promueva la entrada a pequeños y nuevos operadores. No
necesitamos más mercado sino un mejor mercado.
Chile requiere un nuevo marco legislativo que establezca una
regulación general de las telecomunicaciones a la altura de estos tiempos y
que, fundamentalmente, garantice el derecho humano a la comunicación y a la
realización de las actividades económicas de radiodifusión y
telecomunicaciones, impulsando la integración eficiente de estos servicios.
Adhieren
a la declaración:
Bet Gerber, Barómetro Política y
Equidad
Asociación Mundial de Radios
Comunitarias, Amarc
Pedro Santander, Observatorio de
Comunicación y Medios PUCV
Dafne Moncada, Observatorio de Comunicación
y Medios PUCV
Patricia Peña, Programa de Libertad de Expresión y
Ciudadanía de la Universidad de Chile
Raúl Rodríguez, Programa de Libertad de
Expresión y Ciudadanía de la Universidad de Chile
Chiara Sáez, Programa de Libertad de
Expresión y Ciudadanía de la Universidad de Chile
Javiera Olivares, Presidenta del
Colegio de Periodistas
Patricio Martínez, Vicepresidente
Colegio de Periodistas de Chile
Patricio Segura, Segundo
Vicepresidente Colegio de Periodistas de Chile
Vanessa Sabioncello, Prosecretaria
Colegio de Periodistas de Chile
Igor Mora, Tesorero Colegio de
Periodistas de Chile
Claudia Lagos Lira, profesora asistente,
ICEI Universidad de Chile
Macarena Aguiló, ADOC (Asociación de
documentalistas)
Fernando Ossandón
Polo Lillo, Señal 3 la Victoria
Asociación Audiovisualistas de
Canales Comunitarios de Chile.
Oveja tv3
Canal 3 de Conce
Canal 8 de Peñalolen
Canal3 de Pichilemu
Laura Medel Valdivia, Directora
Ejecutiva CONADECUS
Juan Ortega ONG ECO, Educación y
Comunicaciones
Rubén Torres Ávila, periodista,
Consejero del Colegio de Periodistas Metropolitano
Rosa Alcayaga Toro, profesora Escuela
de Periodismo Universidad de Playa Ancha
Lorena Donoso , FUCATEL
Paulina Acevedo Menanteau, Periodista,
Comunicadora en Derechos Humanos
Carlos Fuentealba Varela, Presidente
del Sindicato 3 de Periodistas de Copesa
Mauricio
Weibel Barahona, Presidente Unión Sudamericana de Corresponsales
Luis Alberto Costa del Pozo
firma, UPLATV, Facultad de Ciencias Sociales
Doris Johnson Barella, Profesora UPLA
Luis Cuello, abogado Otra Prensa
Asociación Chilena de Organismos
No Gubernamentales, ACCIÓN
Felip Gascón i Martín, Decano Facultad de Ciencias Sociales UPLA
Ethel Pliscoff, Periodista, Regional Metropolitano
Colegio de Periodistas de Chile
Agencia Foco Social
