En gran parte de los países de la región se han revisado en los últimos 15 años las políticas públicas de comunicación y las leyes de medios existentes (Argentina, Ecuador, Venezuela, Bolivia, Uruguay, Brasil, Paraguay hasta el golpe del 2010).
Todas las nuevas normativas tienen en común:
• Reemplazan legislaciones de las épocas dictatoriales; por ejemplo, la de Argentina de 1980, la de Uruguay de 1977. En Chile, aún mantenemos una estructura general de medios de comunicación heredada de la dictadura que favorece oligopolios mediales.
• Todas establecen límites a la concentración oligopólica de la industria medial y todas ponen límites a la propiedad cruzada y vertical. En Chile los únicos límites a la propiedad medial se refieren a los medios púbicos (art. 19, inc. 12 de la Constitución: “La ley en ningún caso podrá establecer monopolio estatal sobre los medios de comunicación social”) y a los medios comunitarios (art. 9 “No se podrá ser titular ni explotar a cualquier título más de una concesión de Servicios Comunitarios y Ciudadanos de Radiodifusión de Libre Recepción”); no existe ninguna restricción para los medios comerciales.
• En Chile la prensa escrita es duopólica. En lo radial, Prisa controla 12 cadenas radiales a nivel nacional, mas de 20 concesiones y acapara cerca del 50 % de la torta publicitaria; además, sólo 31 emisoras (todas ellas ubicadas en la RM) concentran el 98% de la inversión publicitaria en radio.
• Igualmente preocupante es la creciente presencia del sector financiero en el campo medial, Grupo Luksic (Canal 13 y radios como Horizonte u Oasis); Grupo Bethia (Mega); Grupo Saieh (diarios, radios y señal 22 de tv abierta); y la extranjerización del capital que eliminó posibilidad de TV universitaria (Time Warner en CHV). Situaciones como éstas ya no serían posibles en Uruguay o Argentina, por ejemplo.
• Todas las normativas citadas –siguiendo las recomendaciones de las NU - reconocen explícitamente los tres tipos de medios (comerciales, públicos, comunitarios) y terminan con políticas de discriminación regulatoria hacia los comunitarios. En Chile la discriminación contra éstos es múltiple (en duración de concesión, en alcance, prohibición de emitir publicidad e incluso propaganda política, etcétera).
• En todos estos países se ha fortalecido sin complejos los medios públicos (siguiendo el modelo canadiense y británico) se los hace independiente de la publicidad comercial.
• Todas establecen ciertas cuotas de pantalla para favorecer la producción nacional, tanto en programación como en publicidad. Este punto ha significado un estímulo importante para productoras nacionales y también para las artes escenográficas, en general.
• Todas proponen una nueva relación entre comunicación y comunidad, incorporando a la ciudadanía al proceso de comunicación social: la legislación argentina (art. 114), por ejemplo, otorga incidencia efectiva a la ciudadanía en la implementación de políticas comunicacionales al incorporar a representantes de la sociedad civil en los órganos oficiales de aplicación de las normativas; asimismo, contempla la realización de audiencias públicas en el proceso de renovación de licencias (art. 40). También el proyecto uruguayo incorpora las consultas públicas (art. 115) y la ley ecuatoriana incorpora el “Principio de participación” (art. 13 y 38). Todas estas legislaciones tienen también en común que crean Consejos de Regulación integrados por representantes de los tres sectores que, entre otras atribuciones, fiscalizan y regulan la asignación y renovación de las licencias.
