Por Patricio Segura
Desde el 17 al 21 de octubre la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que reúne a los propietarios de los medios de comunicación escritos del continente, se reunió en Santiago para celebrar su 70ª Asamblea General. En múltiples paneles se discutió sobre la libertad de expresión y de prensa. La libertad, ante todo, siempre ha sido el gran leit motiv de la SIP.
Sin embargo, la SIP representa una sola mirada. La de las empresas de comunicación que buscan ejercer su labor sin traba alguna. Legítima acción de un grupo de interés, pero mezquina cuando hablamos del amplio espectro en el que se mueve la comunicación social: la libertad de expresión y la libertad de prensa, pero también el derecho a la información. La SIP representa, en esencia, la libertad de hacer negocios con los periódicos. Y que el Estado no interfiera.
Muchos periodistas, al igual que múltiples actores del sector de la comunicación, concordamos en que un peligro para las libertades y derechos relacionados es el poder absoluto del Estado y el aparato público. Pero faltan variables en dicho análisis. Están ausentes, si de verdad se quiere defender principios y no solo privilegios.
Así lo entendemos en el Colegio de Periodistas, donde no solo la reivindicación gremial es nuestro sur. Adherimos a la democracia, el respeto a la dignidad humana, la libertad de expresión y el derecho a la información. Y si tal significa coartar nuestro accionar, que así sea. La protección de los niños, de las víctimas y de los más vulnerables, el fortalecimiento de valores esenciales para la sociedad y la democracia merecen regulaciones distintas a la censura previa. Distinto a lo que los dueños de medios plantean para Chile, donde el fomento del bien común es visto, casi siempre, como un peligro para su libertad.
Junto a la presidenta de la orden Javiera Olivares, el director de El Ciudadano Bruno Sommer y el director del portal El Clarín Paul Walder, concurrimos el lunes 20 a la Cepal –sede de la asamblea- para entregar a la presidenta de la SIP, Elizabeth Ballantine, una simple carta. Una suscrita por decenas de organizaciones sociales y de la comunicación, académicos, premios nacionales de Periodismo y directores de medios no mainstream, para relevar un tema ausente de las preocupaciones de la Sociedad Interamericana de Prensa en su lucha por la libertad de expresión: la concentración de la propiedad.
Chile es un ejemplo paradigmático. Tiene el primer lugar de América Latina, con un nivel de concentración de un 95%: un duopolio de medios impresos, un oligopolio de estaciones televisivas y un 45% del mercado radial concentrado en un conglomerado español, son parte de nuestra lamentable realidad. Y parte importante de tales empresas pertenecen a grupos que controlan relevantes sectores de la economía del país. Y ya lo sabemos, el poder en pocas manos es contrario a la democracia.
La Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión elaborada por la Relatoría para la Libertad de Expresión de la OEA en el año 2000 señala al inicio de su principio 12 que “los monopolios u oligopolios en la propiedad y control de los medios de comunicación deben estar sujetos a leyes antimonopólicas por cuanto conspiran contra la democracia al restringir la pluralidad y diversidad que asegura el pleno ejercicio del derecho de la libertad de información de los ciudadanos”.
Esto quisimos plantear, infructuosamente, a la presidenta de la SIP en la Cepal, organismo adscrito a la ONU. Pero el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, Claudio Paolillo, nos atendió en la sala de espera del organismo internacional. Algo no muy protocolar, por cierto. Al final, fue imposible reunirnos con Ballantine, lo que dio cuenta del escaso interés de esta asociación para enfrentar seriamente el desafío de la democratización de la prensa y la comunicación.
Pero no es esta una discusión sobre el procedimiento. Es sobre la ideología pro libertad de empresa periodística, mercado que se alza como el gran proveedor de servicios informativos. Y sancionador de qué es y qué no es libertad de prensa. Libertad que debe cruzarse con el derecho a la información de todos (no solo de los controladores de los medios), para que en definitiva podamos pensar que la SIP defiende el interés común y no solo inversiones privadas y la posibilidad de seguir siendo, casi sin contrapeso, los dueños del discurso.
Un discurso que, afortunadamente, las nuevas tecnologías están ayudando a dosificar.
Desde el 17 al 21 de octubre la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que reúne a los propietarios de los medios de comunicación escritos del continente, se reunió en Santiago para celebrar su 70ª Asamblea General. En múltiples paneles se discutió sobre la libertad de expresión y de prensa. La libertad, ante todo, siempre ha sido el gran leit motiv de la SIP.Sin embargo, la SIP representa una sola mirada. La de las empresas de comunicación que buscan ejercer su labor sin traba alguna. Legítima acción de un grupo de interés, pero mezquina cuando hablamos del amplio espectro en el que se mueve la comunicación social: la libertad de expresión y la libertad de prensa, pero también el derecho a la información. La SIP representa, en esencia, la libertad de hacer negocios con los periódicos. Y que el Estado no interfiera.
Muchos periodistas, al igual que múltiples actores del sector de la comunicación, concordamos en que un peligro para las libertades y derechos relacionados es el poder absoluto del Estado y el aparato público. Pero faltan variables en dicho análisis. Están ausentes, si de verdad se quiere defender principios y no solo privilegios.
Así lo entendemos en el Colegio de Periodistas, donde no solo la reivindicación gremial es nuestro sur. Adherimos a la democracia, el respeto a la dignidad humana, la libertad de expresión y el derecho a la información. Y si tal significa coartar nuestro accionar, que así sea. La protección de los niños, de las víctimas y de los más vulnerables, el fortalecimiento de valores esenciales para la sociedad y la democracia merecen regulaciones distintas a la censura previa. Distinto a lo que los dueños de medios plantean para Chile, donde el fomento del bien común es visto, casi siempre, como un peligro para su libertad.
Junto a la presidenta de la orden Javiera Olivares, el director de El Ciudadano Bruno Sommer y el director del portal El Clarín Paul Walder, concurrimos el lunes 20 a la Cepal –sede de la asamblea- para entregar a la presidenta de la SIP, Elizabeth Ballantine, una simple carta. Una suscrita por decenas de organizaciones sociales y de la comunicación, académicos, premios nacionales de Periodismo y directores de medios no mainstream, para relevar un tema ausente de las preocupaciones de la Sociedad Interamericana de Prensa en su lucha por la libertad de expresión: la concentración de la propiedad.
Chile es un ejemplo paradigmático. Tiene el primer lugar de América Latina, con un nivel de concentración de un 95%: un duopolio de medios impresos, un oligopolio de estaciones televisivas y un 45% del mercado radial concentrado en un conglomerado español, son parte de nuestra lamentable realidad. Y parte importante de tales empresas pertenecen a grupos que controlan relevantes sectores de la economía del país. Y ya lo sabemos, el poder en pocas manos es contrario a la democracia.
La Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión elaborada por la Relatoría para la Libertad de Expresión de la OEA en el año 2000 señala al inicio de su principio 12 que “los monopolios u oligopolios en la propiedad y control de los medios de comunicación deben estar sujetos a leyes antimonopólicas por cuanto conspiran contra la democracia al restringir la pluralidad y diversidad que asegura el pleno ejercicio del derecho de la libertad de información de los ciudadanos”.
Esto quisimos plantear, infructuosamente, a la presidenta de la SIP en la Cepal, organismo adscrito a la ONU. Pero el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, Claudio Paolillo, nos atendió en la sala de espera del organismo internacional. Algo no muy protocolar, por cierto. Al final, fue imposible reunirnos con Ballantine, lo que dio cuenta del escaso interés de esta asociación para enfrentar seriamente el desafío de la democratización de la prensa y la comunicación.
Pero no es esta una discusión sobre el procedimiento. Es sobre la ideología pro libertad de empresa periodística, mercado que se alza como el gran proveedor de servicios informativos. Y sancionador de qué es y qué no es libertad de prensa. Libertad que debe cruzarse con el derecho a la información de todos (no solo de los controladores de los medios), para que en definitiva podamos pensar que la SIP defiende el interés común y no solo inversiones privadas y la posibilidad de seguir siendo, casi sin contrapeso, los dueños del discurso.
Un discurso que, afortunadamente, las nuevas tecnologías están ayudando a dosificar.
