Por Javiera Olivares
Si hubo algo atractivo la semana pasada para quienes estamos interesados en avanzar en el debate sobre mayores garantías para la libertad de expresión en Chile, fue la discusión que se abrió a propósito del rol que ejercieron los medios de comunicación masiva tras los bombazos perpetrados en una estación de metro y en el marco de la conmemoración de los 41 años del Golpe de Estado de 1973.
La portada del vespertino La Segunda, “El Retorno del Miedo”; el reportaje acerca del movimiento estudiantil de Canal 13 y el inserto pagado que llamaba a recordar el acuerdo de la Cámara de Diputados de agosto de 1973 a propósito de los dichos de la Presidenta Bachelet en Sudáfrica -publicado por los diarios de los dos holdings dominantes de la prensa escrita-, se transformaron en el centro de la discusión. Como pocas veces, la comunicación hizo meta comunicación para analizar sus aportes o perjuicios al debate público.
En este tema es importante destacar al menos tres cuestiones. Primero: el que exista este debate y se haga de manera pública, da cuenta de un avance de nuestra democracia, cuyos actores sociales comienzan a atreverse a analizar los efectos de los mass media, refiriéndose al aporte o perjuicio que éstos realizan a la discusión democrática. Segundo, a diferencia de lo planteado por algunos personeros del mundo de la política y las comunicaciones, aquí no está en juego la libertad de expresión, ni la licencia para publicar uno u otro contenido, muchísimo menos la censura previa. Lo que se produjo en la discusión citada, tuvo que ver más bien con el sano debate que los actores de una sociedad dieron acerca de quienes buscan o debieran buscar ser su espejo: los medios de comunicación. Una muestra evidente de ello, es que todos los análisis se hicieron a posteriori de la publicación de los mencionados artículos y se planteó explícitamente que las críticas no perseguían evitar su divulgación; sino más bien, explorar críticamente los contextos en que éstos se publicaban y su apego a la rigurosidad periodística. Por ende, el debate acerca de “censura” o “coerción” de la libertad de expresión resulta bastante engañoso, la discusión dejó claro que nunca hubo un afán censurador.
Por último, resulta interesante destacar también la necesidad que tiene la sociedad civil de discutir estas temáticas y analizar los efectos de la agenda mediática para la construcción de una democracia que aspira a fortalecerse y engrosar las garantías de sus ciudadanos. Aquello vuelve a instalar la urgencia de materializar cuanto antes –cuestión ya comprometida por el Gobierno para este segundo semestre- un espacio de debate acerca de políticas públicas para la comunicación social en Chile, dejando de lado la otrora máxima acerca de que la mejor política de comunicación es no tenerla. Lo anterior no hace más que reforzar lo que diversas organizaciones de la sociedad civil y el propio Colegio de Periodistas hemos venido planteando hace años, cuestión que además consta en el primer artículo del Código de Ética de la Orden Profesional: en todo ejercicio periodístico, los periodistas deben estar al servicio de la verdad, los principios democráticos y los derechos humanos. Por ello cuando una publicación atente o amenace estos principios éticos, son legítimos los análisis y juicios críticos respecto de éstos.
