Por Patricio Segura Ortiz
Segundo Vicepresidente
Colegio de Periodistas de Chile
Segundo Vicepresidente
Desde el 17 al 21 de octubre la Sociedad Interamericana de Prensa se reunió en Santiago para celebrar su 70ª Asamblea General. Todo un hito considerando que la organización agrupa a los propietarios de los medios de comunicación escritos del continente. Tanto así que, como es lógico en estas y otras ocasiones, la procesión incluyó a la Presidenta Michelle Bachelet.
Múltiples paneles para discutir sobre los medios se organizaron durante las cinco jornadas. Libertad de expresión y libertad de prensa siempre han sido sus fundamentales premisas, sustentadas en la adhesión a “los principios básicos de una sociedad libre y de la libertad individual”.
Libertad, libertad, libertad. La libertad, ante todo, es el gran leit motiv de la SIP. De ello da cuenta constantemente en sus informaciones oficiales y, por cierto, en las líneas editoriales de los múltiples medios adscritos a la organización.
Por eso el aviso que la Asociación Nacional de la Prensa (referente chileno de la SIP) ha difundido en diversos medios con la consigna “Todos somos Venezuela”, denunciando lo que entienden es la intervención de los diarios de dicho país a través de la gestión estatal del suministro del papel. Por eso, también, las múltiples declaraciones contra todas las naciones en las cuales se cuestiona, en alguna medida, el sacrosanto derecho de propiedad mediático. De propiedad sin control alguno.
La Sociedad Interamericana de Prensa representa una sola mirada. La de las empresas de comunicación que buscan ejercer su labor (imponer sus intereses, más bien) sin traba alguna.
Puede ser la legítima acción de un grupo de interés, pero mezquina al fin y al cabo cuando hablamos del amplio espectro en el que se mueve la comunicación social: la libertad de expresión, la libertad de prensa, el derecho a la información.
En el fondo, la SIP representa, en esencia, la libertad de hacer negocios con los periódicos, como queda constatado en el programa del encuentro en Santiago. Y de paso imponer su visión.
Muchos periodistas, al igual que múltiples actores del sector de la comunicación, diferimos al respecto. Concordamos en que un peligro para las libertades y derechos relacionados es el poder absoluto del Estado y el aparato público. Pero faltan importantes variables en dicho análisis.Están ausentes, si de verdad se quiere defender principios y no simplemente privilegios.
Así lo entendemos en el Colegio de Periodistas, donde no solo la reivindicación gremial es nuestro sur. Adherimos también a fundamentos generales vinculados con la democracia, el respeto a la dignidad humana, la libertad de expresión y el derecho a la información. Y si tal significa coartar nuestro accionar, que así sea.
La protección de los niños, de las víctimas, de los más vulnerables, así como el fortalecimiento de valores esenciales para la sociedad y la democracia merecen regulaciones distintas a la censura previa. Algo totalmente distinto a lo que los dueños de medios plantean para Chile, donde el fomento del bien común es visto, casi siempre, como un peligro para su libertad.
Tales conceptos nos llevaron, junto a la presidenta de la orden Javiera Olivares, el director de El Ciudadano Bruno Sommer y el director del portal El Clarín Paul Walder, a concurrir este lunes a la Cepal –sede de la asamblea- para entregar a la presidenta de la SIP, Elizabeth Ballantine, una simple carta.
Una carta suscrita por decenas de organizaciones sociales y de la comunicación, académicos, premios nacionales de Periodismo y directores de medios no mainstream, relevando un tema notoriamente ausente de las preocupaciones de la Sociedad Interamericana de Prensa (y de la ANP) en su lucha por la libertad de expresión: la concentración de la propiedad.
Porque Chile es un ejemplo paradigmático. Se encuentra en el primer lugar de América Latina, con un nivel de concentración de un 95%: un duopolio de medios impresos, un oligopolio de estaciones televisivas y un 45% del mercado radial concentrado en un conglomerado transnacional español, son parte de nuestra lamentable realidad.
Más aún, una parte importante de tales empresas pertenecen a grupos que controlan relevantes sectores de la economía del país. Y ya lo sabemos, el poder en pocas manos es contrario a la democracia.
La Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión elaborada por la Relatoría para la Libertad de Expresión de la OEA en el año 2000 señala al inicio de su principio 12 que “los monopolios u oligopolios en la propiedad y control de los medios de comunicación deben estar sujetos a leyes antimonopólicas por cuanto conspiran contra la democracia al restringir la pluralidad y diversidad que asegura el pleno ejercicio del derecho de la libertad de información de los ciudadanos”.
Esto quisimos plantear, infructuosamente, a la presidenta de la Sociedad Interamericana de Prensa en la Cepal, organismo adscrito a la ONU. Esto, junto a un cartel que expresaba la subversiva frase “Más libertad de expresión” y que llamó la atención de los guardias.
Requisado al ingreso, fue motivo para que el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Claudio Paolillo, atendiera a la delegación en la sala de espera del organismo internacional. Algo no muy protocolar, por cierto. El que horas más tarde se nos haya avisado con 30 minutos de plazo para sostener una reunión a la rápida con la presidenta Ballantine, solo da cuenta del escaso interés de esta asociación para enfrentar seriamente el desafío de la democratización de la prensa y la comunicación.
Pero no es esta una discusión sobre el procedimiento. Es sobre el discurso ideológico pro libertad de empresa periodística, pro mercado de medios, que se alza como el gran proveedor de servicios informativos, y sancionador de qué es y qué no es libertad de prensa.
Una libertad que debe cruzarse con la libertad de expresión y el derecho a la información de todos (no solo de los controladores), para que en definitiva se pueda llegar a pensar que la Sociedad Interamericana de Prensa defiende el interés común y no solo inversiones privadas y la posibilidad de seguir siendo, casi sin contrapeso, los dueños del discurso.
Un discurso que, afortunadamente, las nuevas tecnologías están ayudando a dosificar.
