(Por: Javiera Olivares / Fuente: El Mostrador)
Hace menos de un año, decenas de periodistas, comunicadores y técnicos perdieron su trabajo a raíz de la cancelación del proyecto 3TV, la fallida señal televisiva del Grupo Copesa. Hoy, otro grupo económico, anuncia intempesivamente el cierre del centro de prensa de Canal 13 en Concepción, dejando de existir, en la práctica, la señal regional de la estación. Por lo pronto, diez trabajadores, entre periodistas, camarógrafos y técnicos, quedan sin su fuente laboral. Aparece una vez más, la cara más dramática de la realidad laboral de los comunicadores, un escenario marcado por la precariedad, inestabilidad y remuneraciones insuficientes en relación al trascendente rol social de la labor que cumplen.
Con el cierre, la región del Bío Bío pierde una ventana, un espacio para informarse de los acontecimientos locales, una voz de su propia comunidad. ¿La razón? Una aparente baja en las ventas, según informó la prensa local. Es evidente que la lamentable noticia es reflejo de un centralismo estructural, que se expresa en lo político, económico y también en el plano de la información. Pero igualmente grave es la constatación de que el grupo controlador de Canal 13 aplica aquella máxima consistente en socializar las pérdidas. El año recién pasado, Canal 13 obtuvo 7.191 millones de pesos de utilidades, superando a todos sus competidores. En ningún caso, entonces, podemos intuir que el cierre responde a una crisis económica.
Algunos afirman que la televisión es un negocio, como cualquier otro. Una media verdad. Efectivamente es una actividad económica, lucrativa, pero con una importante característica diferenciadora, que es la función social que cumple – o debería cumplir- la televisión. Se reproduce un desprecio por el papel de los medios de comunicación como constructores de la realidad social. En este caso, se apaga una fuente valiosa para la población, que sirve a su vez de componente de la identidad regional.
Es curioso que la señal regional de Canal 13, inaugurada en febrero de 1973, naciera al alero de una ley que entregaba a la televisión universitaria – en ese entonces- la misión de ser “la libre expresión pluralista de la conciencia crítica y del pensamiento creador”. Un espíritu muy lejano al pensamiento de los actuales propietarios de la señal.
Nos encontramos frente a una lección -que no es nueva, por cierto- acerca de la lógica con que operan estos grandes grupos económicos que hoy dominan la industria de la información en nuestro país. Una razón más para que la sociedad discuta, con seriedad y urgencia, sobre la concentración de la propiedad de los medios de comunicación, que atenta contra la esencia de la democracia. Como comunicadores nos corresponde promover activamente soluciones inspiradas en la libertad de expresión, el derecho a la información y en la dignidad de la profesión periodística. Más ahora que nunca, cuando el programa de la Nueva Mayoría establece que promoverá la creación de una ley que regule la propiedad de los medios de comunicación. Nos preocuparemos con cuidado de la concreción de ese compromiso, más ahora que Chile está cada vez menos disponible a ceder garantías que completen nuestra democracia.
Escrito por: Javiera Olivares, Presidenta Colegio de Periodistas
