Por Javiera Olivares Mardones
Durante los últimos veinte años hemos sido testigos de cómo en diversos países de la región, el debate sobre la democratización de la información y las comunicaciones ha concitado amplias discusiones sociales y políticas, cristalizándose en profundas reformas constitucionales que apuntan a garantizar el derecho universal a la comunicación basado en la libertad de expresión y el Derecho a la Información (consagrado en la declaración de los Derechos Humanos de 1948 ). En esos debates ambas garantías se entienden como imperativos éticos para un Estado democrático que se precie de tal y que busque promover tanto el derecho a informar y comunicar de los ciudadanos como el de ser informados, no solo por el valor propio de la información sino también por su valía instrumental, es decir, por su capacidad de ser instrumento para el ejercicio de otros derechos y para la fiscalización de los poderes públicos.
Si hubiera que resumir los procesos de reformas constitucionales que se han producido en la región, podríamos observar dos grandes ejes. Primero, revalorizar al Estado como un actor trascendente del campo comunicacional lo que se expresa en la creación y/o fortalecimiento de los medios públicos; unido a lo anterior, una alta apreciación del llamado tercer sector de las comunicaciones, fortaleciendo la existencia de medios locales y comunitarios que den voz a la diversidad de la sociedad civil. De esta forma, las constituciones garantistas de las democracias latinoamericanas han apostado por establecer institucionalmente -y a través de financiamiento público- una institucionalidad comunicacional que cuente con la representación de los tres sectores de la comunicación: el público, el privado y el comunitario. El segundo gran eje de las reformas, ha apuntado a una regulación clara que limite la concentración de la propiedad de los medios de comunicación e impida la propiedad cruzada entre giros económicos diversos y aquellos relacionados con la producción de contenidos culturales e informativos. Si hay algo que dejan claro estos procesos es, primero, que rol de los medios de comunicación social en la democracia es trascendente. Y segundo, que la perspectiva de la comunicación, como derecho, es una clara derrota ideológica para el argumento neoliberal que asocia el concepto de “libertad de prensa” con una libertad de empresa que condicione el ejercicio de la libertad de expresión a quienes ostentan el poder económico y pueden adquirir medios de comunicación propios.
Un país llamado Chile
Nosotros vamos muchísimo más lento. En materia de políticas públicas sobre comunicaciones, derecho a la información y libertad de expresión en Chile, la política ha sido la no política. Tal como ocurrió con muchos otros derechos universales como el derecho a la educación pública o la Salud, el derecho humano a la información, ha funcionando bajo las condiciones del mercado y tanto la sociedad civil como el Estado han tenido escasa participación, desde que la perdieron en plena dictadura. Un férreo duopolio de medios impresos, un oligopolio de estaciones televisivas con capitales extranjeros y concesiones hasta hace poco indefinidas y un 45% del mercado radial concentrado en manos de un conglomerado trasnacional español, constituyen el panorama. Escenario sintomático de una realidad que arroja un triste primer lugar en los rankings de concentración de la propiedad de los medios de comunicación de América Latina, que dan para Chile un 95% .
Si la situación ya había sido evidentemente desprolija durante los gobiernos concertacionistas, que dejaron morir a todos aquellos medios de comunicación que habían sido la voz crítica de la dictadura y su modelo de desarrollo neoliberal, la administración de Sebastián Piñera terminó de empeorar las cosas. Esos cuatro años la derecha amparó el crecimiento de los grupos económicos Saieh, Luksic y Bethia, todos con intereses tanto en holding de medios de comunicación como en industrias de retail, del sector inmobiliario y de la banca. También se permitió el ingreso y/o fortalecimiento de capitales extranjeros como Time Warner(CHV) e Iberoamerican Radio; empeños que se coronaron con la única decisión proveniente del poder político en éste ámbito: la privatización del impreso de propiedad pública creado en 1917, el diario La Nación. Esa era una declarada aspiración de la derecha que no hizo más que fortalecer el duopolio de la prensa escrita dominado por los grupos Copesa y Edwards, que ya controlan completamente el mercado de diarios de circulación nacional y regional.
Vieja discusión
Ya hace casi 170 años las palabras de Karl Marx en La Ideología Alemana parecían ilustrar con extrema agudeza: “Las ideas de la clase dominante son en todas las épocas, las ideas dominantes. Dicho en otros términos, la clase que ejerce el poder material dominante en la sociedad es, al mismo tiempo, su poder espiritual dominante”. Este postulado, es el punto de partida para un vasto cuerpo teórico predictivo respecto de los efectos de los medios de comunicación de masas como herramienta de subordinación de los sectores sociales a los intereses de la clase dominante.
Desde entonces, la perspectiva crítica ha realizado innumerables aportes al análisis de los medios de comunicación, pasando por los enfoques marxistas más tradicionales, hasta la teoría derivada de la Escuela de Frankfurt y sus intelectuales más contemporáneos. Murdock y Golding, desde la teoría político-económica de los medios de comunicación, realizaron un aporte importante sobre la marginación que sufrían sectores minoritarios y críticos del estado natural de las cosas. “Las voces que sobreviven pertenecerán en buena medida a quienes es menos probable que critiquen la distribución prevaleciente de la riqueza y del poder”. Más adelante, autores como Max Horkheimer, Theodor Adorno y Herbert Marcuse, instalaron la idea de que la cultura de masas es el principal medio gracias al cual el capitalismo habría alcanzado su mayor éxito. En ese entendido, todo el sistema de producción en masa de bienes, servicios e ideas habría colaborado en la instalación irrefrenable del modelo propuesto, de la mano de la satisfacción a corto plazo, el consumismo y el tecnologismo exacerbado .
Es importante tener claro, que si bien hoy la Globalización neoliberal imperante ha permitido que las nuevas tecnologías de información se extiendan y con ellas se produzca prácticamente la instantaneidad de los mensajes, esto no necesariamente redunda en mayor democratización comunicativa. Efectivamente la nueva instantaneidad ha otorgado mayores posibilidades de información, pero en su mayoría, éstas tienen un correlato símil al lenguaje globalizante, cuyo afán informador parece ser también de carácter doctrinario. Diversos son los ejemplos de grandes potencias mundiales utilizando las nuevas tecnologías de información como herramientas de hegemonía cultural de dominación, a partir de un complejo entrecruzamiento de fuerzas políticas, sociales y culturales . Claros son los casos de la información tergiversada que se ha producido durante las últimas invasiones de Estados Unidos en Oriente Medio, especialmente en Irak y Libia, donde el correlato mediático refrendó el combate de armas nucleares, primero, y un supuesto afán democratizador, después. Claro es también el reciente caso de guerra civil en Siria, donde la información adulterada ha tendido a confundir la aspiración expansionista de Estados Unidos y su interés en el petróleo del vecino Irán, con un supuesto impulso auto democratizador del pueblo sirio.
¿Qué hacer?
Para pensar en alguna alternativa que permita cambiar el estado de las cosas en nuestro país hay al menos dos cuestiones importantes a tener en cuenta. Primero, el momento socio político que experimenta Chile -después de su punto de inflexión en 2011- ha traído a la palestra el debate ideológico y la necesidad de hacer reformas profundas para que el Estado pueda garantizar derechos conculcados, lo que abre la posibilidad de instalar la necesidad de construir políticas públicas que apunten a garantizar el derecho a la comunicación. Más ahora, cuando por vez primera un programa de gobierno incorpora tímidamente temáticas que abordan el estado actual de las comunicaciones, instalando la necesidad de que exista una ley que regule la concentración de la propiedad de los medios de comunicación, la urgencia en dar equidad a la distribución del avisaje público, el ineludible financiamiento permanente a TVN, entre otros.
El actual florecimiento de Chile, debe interpelarnos a construir un amplio movimiento social que quite el debate sobre comunicación a los “técnicos” para ampliarlo a la ciudadanía y ponerlo en perspectiva de lo que es: un derecho que debe ser garantizado para fortalecer nuestra democracia. En ese entendido, diversas organizaciones sociales, entre ellas el Colegio de Periodistas, hemos planteado que la nueva Constitución, redactada vía asamblea constituyente, debe contemplar el enunciado del derecho universal a la comunicación social, el cual establezca que todos las personas tienen derecho no sólo a recibir información y opinión, sino también a difundirla por cualquier medio de expresión, de manera que se garantice su cumplimiento y extensión a todo el pueblo, sin discriminaciones ni sujeción a limitaciones económicas, ideológicas o culturales. En la misma línea, es necesario promover una Ley Orgánico Constitucional que contemple el reconocimiento de tres sectores de medios de comunicación: público, privados y comunitarios, sin fines de lucro. La lucha por esos preceptos, solo podrá construirse desde una articulación social fuerte y capaz de interpelar a la institucionalidad. En ello estará nuestro empeño.
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[1] Declaración Universal de los Derechos
Humanos (1948): Según el artículo 19, todo individuo
tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión, lo que incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones,
el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin
limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.
[2] Becerra, Martín, Mastrini, Guillermo. Los dueños de la palabra. Buenos Aires,
Argentina. 2009
[3] MARX, Karl,
ENGELS, Friedrich. La ideología alemana. Editorial Grijalbo. Barcelona, España. 1974.
[4] MURDOCK, Graham, GOLDING, Peter. Mass media and Society en Hodder Arnold. Londres. 2000.
[5] MARCUSE, Herbert. La Escuela de Frankfurt. En worl wide web, http://comunicacion.idoneos.com/index.php/338244
[6] POLLERI, Federico. Hegemonía
Cultural. En http://www.gramsci.org.ar/12/polleri_heg_cult_lucha.htm
[7] Programa de Gobierno Nueva Mayoría, 2013.
[8]MESA SOCIAL PARA UN NUEVO CHILE. Cumbre Social: encuentro de diversas
organizaciones sociales. Santiago de
Chile. Septiembre de 2012.
