- Apuntan a decisiones adoptadas por el
gobierno de Mauricio Macri.
“Nos parece una muy mala señal todo este
ruido que se ha generado en torno a temas esenciales vinculados a los avances
en materia de derecho a la comunicación y libertad de expresión que ha tenido
Argentina en los últimos años” expresaron en la orden profesional. Indicaron que “cuando los gobiernos se ponen del lado de las corporaciones para
mantener un sistema concentrado, sin pluralidad de voces, se está atentando
contra la democracia”.
Se refirieron
así a la decisión de intervenir, mediante decreto, la Ley de Medios aprobada en
2009 por amplia mayoría del Congreso Nacional trasandino, con el fin de evitar
la concentración mediática. Esta decisión
administrativa, entre otros efectos, amplía el límite porcentual para la
transacción de las acciones de sociedades de medios, elimina la restricción a
la posible transferencia de las licencias de servicios de comunicación
audiovisual y aumenta el número de concesiones a las cuales puede acceder un
titular.
También hicieron
alusión al interés
en desmantelar, sin la anuencia del Parlamento, las instituciones que han
dotado de pluralidad al sistema de medios de comunicación y tecnologías de la
información. Entre ellas, la Autoridad
Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (creada por la Ley de Medios
de radio y TV) y la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y la
Comunicación (instituida por la Ley Argentina Digital).
Y, por
último, sacaron a colación la exoneración
del periodista uruguayo Víctor Hugo Morales de Radio Continental, luego de 30
años de desempeño profesional.
Aunque Prisa, grupo español controlador del medio, señaló
que esto se produjo por “reiterados
incumplimientos contractuales que alteraron el normal desarrollo de las
emisiones”, en Argentina desde los movimientos sociales se cuestionó la
medida como una forma de acallar las voces disidentes al gobierno y las corporaciones,
apuntando a alguna presión por parte del machismo.
En este
sentido, recalcaron que la preocupación sobre la concentración mediática y
libertad de expresión en distintos países de América Latina es compartida por
distintas organizaciones, en coherencia con los principios instituidos por la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
