Decisión fue informada por el Tribunal Metropolitano de Ética y Disciplina.
Con la
instrucción de “borrar de los registros
del Colegio de Periodistas a Agustín Edwards Eastman”, el Tribunal de Ética
y Disciplina (TRED) del Consejo Metropolitano del Colegio de Periodistas de
Chile dejó a firme la decisión que adoptara a mediados de abril. Aplicó así el artículo 23 del
reglamento de la orden profesional, que establece que “si la causa no es apelada, el tribunal regional cerrará el caso y
remitirá una copia del sumario al tribunal nacional para su archivo y al
Consejo Regional y al Consejo Nacional, para su conocimiento y cumplimiento”.
El abogado de
Agustín Edwards, Miguel Schweitzer, publicó el 23 de abril en El Mercurio (de
propiedad de su defendido) una declaración
en la cual desestimaba el “peso ético”
de la decisión adoptada por el tribunal presidido por la periodista Doris
Jiménez, el secretario Humberto Zumarán, además de Pablo Vildósola, Hernán
Ávalos y Claudio Espinoza.
Ante esto
Luis Cuello, profesional patrocinante de la denuncia, respondió
señalando que el representante de Edwards omitió en su inserción uno de los
capítulos contenidos en la presentación, relacionada con los atentados a la
libertad de expresión promovidos por El Mercurio a partir del golpe de Estado
de 1973.
Javiera
Olivares, presidenta del Colegio, expresó que “la profunda importancia de este hecho radica en la señal clara de que
nuestra orden está por el ejercicio periodístico ético que en su acción busque
profundizar la democracia y no ser colaborador en la desestabilización de
gobiernos democráticamente electos ni hacerse cómplice de violaciones a los
derechos humanos”.
En el mismo
sentido, la dirigenta agregó que “francamente
resulta curioso que una persona con tantos medios económicos y culturales a
disposición no haya apelado a una sentencia que supuestamente le resulta falaz.
Hay dos alternativas: la sentencia no es falaz o hay temor de que al apelar
tanto en el marco de la institucionalidad del Colegio como de la Justicia
ordinaria, estas fallen abiertamente en su contra”.
La denuncia
El
requerimiento ético fue presentado en noviembre de 2014 y firmado por diversos
colegiados, quienes además integran la mesa directiva nacional. Además de Olivares se sumaron el primer
vicepresidente Patricio Martínez, el segundo vicepresidente Patricio Segura, el
tesorero Igor Mora, la secretaria general Vanessa Sabioncello, la consejera
nacional Evelyn Miller y el colegiado Marco Gallardo. A ellos se agregaron la presidenta de la Agrupación de
Familiares de Ejecutados Políticos Alicia Lira Matus y la presidenta de la
Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos Lorena Pizarro.
La denuncia
expone el rol de Edwards a principios de los años 70 como periodista y dueño de
El Mercurio, figura bajo la cual recibió fondos de la Agencia Central de
Inteligencia (CIA) de Estados Unidos con el fin de desestabilizar mediante
operaciones comunicacionales al gobierno de Salvador Allende. Sus acciones propiciaron el golpe de
Estado que las Fuerzas Armadas llevaron a cabo el 11 de septiembre de 1973.
A estos hechos se agregó su rol
en abril de 1987 como director del mismo medio a raíz de la visita del Papa
Juan Pablo II, ocasión en que El Mercurio se prestó para un montaje de los
organismos de seguridad del Estado para legitimar la detención y posterior
tortura de Iván Barra Stuckrath y
Jorge Jaña Obregón.
